Buscan revertir anulación del Programa de Desarrollo Urbano

Joana Maldonado
Foto: Tomada de Facebook
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Domingo 4 de junio, 2017

Empresarios y gobierno municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez trabajan coordinadamente para revertir la decisión del Tribunal Superior de Justicia del estado que, al resolver un caso particular, tomó una generalidad al haber determinado la anulación del Programa de Desarrollo Urbano (PDU), que se aprobó en el 2014, medida que, sin embargo, aún no tiene efecto.

Miguel Ángel Lemus Mateos, empresario desarrollador y ex presidente de AMPI, vicepresidente de CCE y Coparmex, dijo que de acuerdo a la información que ha hecho llegar la autoridad municipal, el PDU, aprobado en 2014 durante la administración del priísta Paul Carrillo de Cáceres, sigue vigente.

“La sentencia que un magistrado emitió al resolver un caso particular, que si bien es cierto que dentro de su esfera jurídica incluye la invalidación del acta de cabildo en la que se aprobó el PDU, aún no causa efecto”, dijo.

Por tanto, el Ayuntamiento de Benito Juárez que preside Remberto Estrada Barba, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), “tiene derecho a inconformarse y presentar recursos para mantener la hipótesis que sustente el cambio del PDU de 2013 a 2014”, precisó el empresario.

Por lo subsecuente, abundó, el Ayuntamiento está tomando las medidas necesarias para subsanar esta controversia jurídica, mediante la convocatoria a otra sesión de cabildo en la que se ratifique el sustento del por qué se realizó el cambio del PDU de 2013, y se ratifiquen los que técnicamente sí cumplen con los procesos.

A esta defensa, se integraron los Colegios de Ingenieros y Arquitectos, así como empresarios desarrolladores, representantes tanto privados como públicos, por lo que
“empresarios y cabildos trabajamos juntos para dar marcha atrás a esta controversia y seguir con este ritmo de desarrollo que nos caracteriza y nos coloca en el primer lugar en el país en materia turística”.

Insistió en que no existe ninguna afectación y que “un magistrado, tratando de resolver un caso en particular, entró en un ámbito jurídico general”.