Carlos Águila Arreola
Foto: Archivo
La Jornada Maya
Cancún, Quintana Roo
Viernes 12 de mayo, 2017
El remate de terrenos de la reserva territorial del estado de Quintana Roo, vendidos con descuentos del 20 y hasta un 93 por ciento de su valor real, quitó la oportunidad de contar con un patrimonio propio a por lo menos mil familias de escasos recursos en la zona norte, declaró Jorge Ariel Rivero Guerrero, subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).
El daño patrimonial supera los 39 millones de pesos, y el ex titular de la dependencia, Mauricio Rodríguez Marrufo, “no actuó solo, sino mediante una red de operaciones que involucra a tres secretarías estatales y diversos funcionarios”.
El funcionario señaló que en la venta irregular de predios está también inmiscuida la ex directora del Instituto del Patrimonio de la Administración Pública (IPAE), Claudia Romanillos Villanueva –a quien se le otorgó un amparo–, así como la Secretaría de Gobierno de la administración pasada.
“También el ex secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Pablo Guillermo Molina”, a quien por cierto el juez sexto de distrito, Aarón Alberto Pereira Lizama, le negó suspensión definitiva al amparo que solicitó el ex funcionario para detener el proceso de juicio político que la XV Legislatura lleva en su contra.
“Juan Pablo Guillermo se quedó sin salida, y si no comparece ante la Comisión Instructora, se considerará confeso”, advirtió el subsecretario de la Seduvi, quien añadió que pronto se sabrá cuántos notarios públicos están involucrados.
Rivero Guerrero puntualizó que los lotes “mal rematados” en beneficio de familiares, amigos y colaboradores del ex mandatario Roberto Borge “tendrían mejor utilidad si se hubieran destinado a la construcción de proyectos de vivienda para gente de escasos recursos, no sujetos a créditos hipotecarios, o para el crecimiento urbano de los municipios”.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), la mayoría de terrenos rematados pertenecían a la reserva territorial de cinco municipios: Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen), Tulum, Cozumel y Othón Pompeyo Blanco (Chetumal).
Rivero Guerrero reconoció que no era facultad de la Seduvi otorgar los descuentos, por lo que esperan que las investigaciones conduzcan a la anulación y devolución de los predios para darles mejor aprovechamiento.
Dijo que mientras las autoridades determinan el nivel de responsabilidad de los ex funcionarios, la Seduvi trabaja para regresar la certidumbre jurídica a los usuarios.
El funcionario declaró que en la entidad hay aproximadamente mil familias de escasos recursos que aún no tienen acceso a créditos de vivienda ni del Infonavit, ni de otros sistemas hipotecarios.
“Tenemos en registro más de 100 asentamientos irregulares en los que viven más de mil familias, de las cuales el 70 por ciento está en proceso de regularización, principalmente en las ciudades de Cancún y Playa del Carmen.”
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