Joana Maldonado
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Lunes 8 de mayo, 2017
Paulina García Achach, quien se desempeñó como subsecretaria y posteriormente titular de la Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), fue detenida ayer por la mañana en Chetumal, al cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra, enfrentando dos procesos por presunto desempeño irregular de sus funciones. En ambos casos, ayer, un Juez de Control determinó vincularla a proceso aunque enfrentará los juicios en libertad al dejar seis terrenos y un vehículo como embargo precautorio.
Ambas carpetas, deberán concluir el 23 de junio. En la primera de ellas, García Achach, es acusada por el presunto uso indebido de la función pública al hallarse irregularidades en 44 contratos de compra -venta de lotes habitacionales y lotes comerciales por ocho millones 449 mil pesos; en la otra, se le vincula al mismo caso que Mauricio Rodríguez Marrufo, recluido desde el viernes pasado en el Centro de Reinserción Social (CERESO), de Chetumal por desempeño irregular de funciones que alcanza daños al patrimonio por 39 millones de pesos.
Quien fungiera como funcionaria pública durante la administración de Roberto Borge Angulo, acudió a los Juzgados orales en Chetumal a comparecer por la mañana cuando fue detenida, cerca de las 10 horas.
Derivada de la carpeta administrativa 88/2017 de la Fiscalía General del estado (FGE), ejecutó una primer orden de aprehensión y posteriormente se presentó a una primer audiencia ante un Juez de Control en donde se determinó vincularla a proceso en libertad bajo tres medidas cautelares: no salir del país, 20 mil pesos de garantía económica y presentarse cada 15 días a firmar.
A las 17 horas, se presentó a una segunda audiencia relativa a otra carpeta de investigación, en donde también se le vinculó a proceso por desempeño irregular de la función.
En este segundo caso, se dio un plazo de un mes y medio para continuar con la investigación, pero la Policía ministerial solicitó medidas cautelares, incluyendo providencias precautorias que consisten en cinco propiedades y un vehículo de lujo, cuyo importe asciende a 18 millones de pesos, aunque la Fiscalía insta un daño de 38 millones de pesos.
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