Joana Maldonado
Foto: Carlos Águila
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Jueves 30 de marzo, 2017
Con los votos de la mayoría de los diputados, la XV Legislatura rechazó en el pleno la renuncia del Auditor Superior de Justicia, Javier Zetina González, que se haría efectiva a partir del 31 de marzo, bajo el argumento de que afectaría la encomienda de recepción de las cuentas públicas de 2016 de las entidades administrativas, cuya fecha de entrega vence precisamente el último día de este mes.
El pasado 15 de marzo, se recibió la carta de renuncia del Auditor Superior, Javier Zetina, quien incluso acusó a diputados de haber recibido presiones para dejar el cargo del que tomó protesta en el mes de junio de 2016, a propuesta del ex gobernador Roberto Borge Angulo, como parte del denominado paquete de impunidad.
Según el Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la Legislatura se pronuncia respecto a la renuncia de Javier Zetina, los diputados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, concluyeron que no es aceptable que deje su cargo cuando hay procedimientos que están en curso: “debido a la importancia que representa la presentación de cuentas de parte de los entes públicos del estado, resulta responsable para esta soberanía reconsiderar la aceptación de la renuncia presentada. De consumarse la misma colocaría al órgano autónomo en un proceso adicional a aquel (la entrega recepción) lo que en forma directa afectaría la encomienda de recepción”, explica el acuerdo.
Por ello, se determinó que con el objeto de no afectar la dinámica de las funciones propias del Órgano, que estaría con más de un procedimiento en puerta, se determina la “no aceptación de la renuncia al cargo de Auditor Superior del Estado”.
Y es que de acuerdo con el diputado Emiliano Ramos, presidente de la Comisión de Hacienda, la fecha en que surtirá efectos la renuncia del Auditor Superior coincide con la fecha fatal para entregar a la Auditoría Superior.
[b]Hallan inconsistencias de Paul Carrillo[/b]
En otro punto del orden del día, la Legislatura aprobó solicitar a Auditoría Superior, realice una revisión casuística y concreta de los ingresos obtenidos por el Ayuntamiento de Benito Juárez en los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016, cuya administración presidió el priísta Paul Carrillo de Cáceres, ya que existieron contribuciones o recaudaciones no depositadas por 48 millones 93 mil 593 pesos.
Los informes señalan que se aplicaron tasas y se alteraron fórmulas como en el caso del impuesto predial, daño presumiblemente ocasionado por Hugo Fabio Bonilla Iglesias, director de Ingresos del municipio de Benito Juárez, durante el ejercicio 2014.
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