Carlos Águila Arreola
Foto: Cuartoscuro
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Jueves 23 de marzo, 2017

El 70 por ciento del personal encargado de la procuración de justicia es herencia del gobierno de Roberto Borge Angulo, la razón principal de que las investigaciones por latrocinio, robo, desvío de recursos, malversación de fondos y despojo se encuentran empantanadas, acusó Luis Ezequiel Orozco, presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo.

Al término de la reunión mensual del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, el jurista sostuvo que se siguen presentando casos de corrupción y protección a magistrados y abogados involucrados, tapando la participación de ex funcionarios, debido a que “mucho del personal de la anterior aún permanece en esta administración”.

“Casi 70 por ciento del personal que tiene que ver con administración y procuración de justicia.”

Cuestionado sobre cómo fiscalizar al Poder Judicial porque se siguen viendo acciones de encubrimiento, el abogado dijo que siempre hay candados, y uno de los entes que lo puede hacer es el poder Legislativo, que consideró debería estar analizando los señalamientos y ver también las denuncias.

“Debe haber cierto tipo de candados entre los mismos poderes; están establecidos en las leyes, lo que hay que hacer es aplicarlos. Hace poco El Consejo de la Judicatura emitió una resolución en el sentido de que no iba a aplicar ninguna sanción en contra de tres magistrados que no hicieron su declaración.

“Yo siento que ellos están faltando también a su deber, porque si son los encargados de aplicar la justicia en el estado, no debe haber distingos porque no hay ciudadanos de primera y segunda. La Judicatura lo remitió al Congreso estatal para que determine”, puntualizó Ezequiel Orozco.

El Consejo de la Judicatura debió haber sancionado a sus magistrados o al personal que no cumplió con la ley de su declaración; si no lo hace, hay elementos para que el Congreso los sancione; además, está la Secretaría de la Función Pública, hay instancias que no cumplieron.

“El tema ya está en el Congreso, pero yo creo que hay un exceso de leyes en México, más allá debe haber un aplicación lisa y llana de la justicia, hay algo que no se está haciendo. Las autoridades encargadas de la aplicación de la justicia deben actuar correctamente para acabar con la impunidad, y tanto Fidel Villanueva como los tres magistrados deben ser llamados a cuentas y deben ser sancionados. Podrían perder hasta la representación de las magistraturas, e ir a la cárcel en el caso del titular del poder Judicial.”


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