Pública y Fiscalía, de la mano

Carlos Águila Arreola
Foto tomada de @RafaeldelPozoDergal
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Martes 10 de enero, 2017

El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) habría desviado “cientos de millones de pesos, en una serie de contratos de los que no hay comprobación”, durante el gobierno de Roberto Borge Angulo.

El secretario de la Gestión Pública, Rafael del Pozo Dergal, anunció que el gobierno del estado presentará una denuncia contra el SQCS, y otras similares a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru) y más contra VIP Saesa, la aerolínea que usó el ex mandatario Borge, a la que pagó más de 51 millones de dólares.

El funcionario dijo que la denuncia contra el órgano de comunicación masiva del ex gobierno de Quintana Roo se presentaría en el transcurso de la semana “por una serie de contratos y el destino de algunos recursos específicos” de los que no hay comprobación.

“La denuncia será presentada en los próximas días. Son recursos extraordinarios y que no cuentan con soporte documental que acredite el destino, a dónde se canalizó y cuáles fueron los beneficios”, enfatizó Del Pozo Dergal.

Añadió que dará más detalles cuando la denuncia sea presentada formalmente, “porque no queremos afectar el debido proceso”, sostuvo.

También adelantó que habrá denuncias por “distracción de varios cientos de millones de pesos” en la Sedaru, y por irregularidades en contratos de comodato, viáticos y vuelos en la empresa VIP Saesa.

Hay tiempo

En otro tema, Rafael del Pozo abordó el descontento ciudadano por la falta de castigo a los actos de corrupción; empero, aseguró que “aún hay tiempo para hacer cumplir la ley”, y destacó que se trabaja de la mano con el nuevo fiscal, Miguel Ángel Pech Cen.

“Estamos trabajando de una forma mucho más estrecha, en colaboración. Tenemos una comunicación franca, la Fiscalía ha asumido su papel con la responsabilidad plena, y nos ha abierto las puertas para la comunicación y la colaboración”, detalló.

Rafael del Pozo señaló que “no hay un plazo suficientemente rápido para atender un clamor popular de justicia”, pero indicó cuáles son los tiempos que el estado tiene para denunciar a ex funcionarios, “que no se agota en 60 días, como erróneamente se cree. Ese es un plazo para llamar a los ex servidores públicos, respecto a inconsistencias en las actas”, explicó.

Y aclaró que en el caso de denuncias administrativas o que tienen que ver con irregularidades que no atienden al patrimonio, el plazo de prescripción es de un año”.

Agregó que “las de carácter resarcitorio tienen tres años, y las que son de carácter penal atienden a la media aritmética de los delitos conforme al código penal”.