Carlos Águila Arreola
Foto: Archivo
La Jornada Maya
Cancún, Quintana Roo
Sábado 31 de diciembre, 2016
Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE) durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, e incluida en la lista de funcionarios de la administración pasada que en los próximos días serán denunciados por presuntos delitos contra los bienes del patrimonio estatal, se amparó para evitar ser detenida.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), la ex titular del IPAE está en las investigaciones como involucrada en el remate ilegal de predios públicos en beneficio de un selecto grupo de familiares y personajes afines al ex mandatario contra quienes también hay procedimientos judiciales.
La solicitud de amparo de Romanillos Villanueva tocará resolverla al juez séptimo de distrito, Darío Alejandro Villa Arnaiz, mediante el expediente 1721/2016, pese a que el gobierno estatal aún no presenta la denuncia oficial en su contra.
En los últimos 12 años, el IPAE vendió y regaló discrecionalmente terrenos estatales a familiares, funcionarios y amigos de los ex gobernadores Félix Arturo González Canto y Roberto Borge Angulo para hacer negocios privados y en beneficio de sus grupos políticos.
Las irregularidades detectadas en el Instituto del Patrimonio Inmobiliario arrojaron la venta irregular de nueve mil 500 hectáreas o 95 millones de metros cuadrados –equivale a 24 veces la superficie de Isla Mujeres– de la reserva de la entidad por debajo de su precio real.
La venta de terrenos se registró en siete municipios y equivalió a 60 por ciento de la reserva territorial del municipio de Puerto Morelos; 52 de la de Solidaridad; en Benito Juárez representó 36 por ciento; 23 de la de Cozumel; 20 en Tulum, 10 en Felipe Carrillo Puerto y siete por ciento de reserva de Bacalar.
En todos los casos, los avalúos carecen de rigor técnico y no se siguió el procedimiento legal, y en 85 por ciento de casos “se identificaron vínculos importantes entre los ex gobernadores y familiares, y personas con vínculos con servidores públicos.
Claudia Romanillos llegó al frente del IPAE en 2011 tras ser secretaria particular de Roberto Borge. Días antes de concluir su periodo fue llamada a comparecer para informar sobre el manejo discrecional en remates y “regalos” de bienes públicos. El 21 de septiembre pasado, ante el Congreso estatal no supo qué responder ante las pruebas documentales sobre malos manejos, y evidenció que desconocía totalmente sus propias funciones.
Con ella son dos colaboradores cercanos a Borge que en esta semana se ampararon: el otro es Mauricio Rodríguez Marrufo, denunciado también por rematar bienes pero a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), de la que fue titular durante el gobierno pasado. Actualmente es secretario del ayuntamiento de Benito Juárez.
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