Joana Maldonado
Foto: Twitter @opbdetodos
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Domingo 16 de febrero, 2020
La contraloría municipal de Othón P. Blanco investiga un posible desvío de recursos por el impago de terceros institucionales que asciende a 64 millones de pesos, y que mantiene a trabajadores sin la posibilidad de hacer trámites ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El presidente municipal Otoniel Segovia Martínez aseguró que podría derivarse una denuncia penal de los resultados de la investigación.
Debido a la falta de pago de aportaciones por parte del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, cientos de empleados municipales no pueden realizar trámites como el acceso a créditos de vivienda o préstamos a los que tienen derecho. Aunque les son descontadas vía nómina, el Ayuntamiento incumple con el pago a la institución.
Segovia Martínez aseguró que es un incumplimiento de las administraciones pasadas y que la actual sí está pagando lo respectivo al ISSSTE. Sostuvo que al inicio de esta administración, el monto de la deuda era de 64 millones de pesos y que durante 2019 se firmó un convenio con esta institución de seguridad social para realizar el pago en fracciones.
Advirtió que el tema está siendo desahogado desde la contraloría municipal para iniciar la ruta ya sea judicial o administrativa para conocer el destino de estos recursos.
El edil acotó que desconoce hacia donde se dirigieron esos recursos que dejaron de pagarse al ISSSTE durante la administración de Eduardo Espinosa Abuxapqui.
“Ese dinero no debió gastarse, en el salario para servicio social, ahí debe depositarse a la instancia que corresponda”, indicó.
Por otra parte manifestó que el Ayuntamiento analiza firmar nuevamente el acuerdo de colaboración con la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del gobierno del estado para hacer eficiente el cobro del impuesto predial.
En relación al tema del basurero a cielo abierto de Calderitas, dijo que gestiona los recursos para el saneamiento ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la federación, descartando que sea mediante el Fondo Metropolitano por la irregularidad en la cédula catastral.
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