La autorización del segmento de “ayudas sociales” en el Poder Legislativo de Quintana Roo, que este año es por arriba de los 75.5 millones de pesos, es contraria a las funciones del Congreso estatal, carece de reglas de operación, de planeación o programación, no hay criterios de selección de los beneficiarios ni un informe de resultados, por lo que existe total opacidad y discrecionalidad en su uso que obedece a una lógica clientelar y violenta el derecho a una vida libre de corrupción, acusan integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC), del Sistema Anticorrupción.
Mariana Belló, Raúl Cázares, Janet Aguirre, del CPC y la presidenta del Sistema Anticorrupción del estado, Cynthia Dehesa, dieron detalle de las dos demandas de amparo indirectos promovidos el pasado 2 de febrero ante los Juzgados de Distrito en Chetumal y Cancún bajo los expedientes 68/2021 y 106/2021, respectivamente, en relación al presupuesto etiquetado irregularmente para “ayudas sociales” por la XVI Legislatura.
El amparo es en contra del establecimiento como concepto o rubro de gasto 4400, relativo a ayudas sociales, por la cantidad de 75 millones 504 mil pesos, incluido en el Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo del ejercicio 2021, publicado el 11 de enero en el Periódico Oficial de Estado.
De la demanda de amparo presentado en el Juzgado Sexto de Distrito en Chetumal, les fue notificada la admisión, que significa que se consideró viable conforme a la Ley de Amparo, pero el 18 de marzo pasado se negó la suspensión definitiva, lo que significa que no se suspende la ejecución del acto reclamado, aunque ello no significa que no se vaya a dictar una sentencia tras un estudio de fondo.
En el caso de la demanda de amparo presentada en el Juzgado Octavo de Distrito en Cancún, ésta se desecha por considerarse improcedente. El juez advierte que “se trata de un acto formalmente legislativo, pero materialmente administrativo, debido a que el proyecto, de raíz, lo hace el Ejecutivo y su estructura no cambia por el hecho de que el Legislativo lo apruebe o modifique. Es decir, no tiene su origen en un estricto proceso legislativo y por lo anterior, el Presupuesto de Egresos en estricto sentido no es una ley”.
Derivado de esto último, el pasado 18 de marzo se admitió un recurso de queja ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en la ciudad de Cancún.
Quintana Roo tiene uno de los cinco Congresos estatales más costosos del país. Raúl Cázares insiste en este sentido, que en el rubro de ayudas sociales que otorga el Legislativo a personas bajo concepto de medicamentos, despensa, transportación o artículos deportivos, entre otros, es discrecional, y que en los últimos años ha tenido un incremento.
Fue la autodenominada ‘Legislatura del cambio’ la que tuvo un incremento importante en millones de pesos durante su periodo. Anteriormente eran 316 millones y actualmente son 485 millones de pesos, una cifra mayor y cada vez es más exagerado; en aquellas fechas eran 47 millones y ahora son más de 75 millones.
Los diputados tienen obligaciones claras en la ley, legislar, designaciones públicas, llamar a comparecencias y a rendir cuentas, presentar iniciativas, no dar despensas, ni juguetes, ni fiestas ni ayudas, y a pesar de esto, los congresos locales gastaron mil 800 millones de pesos desde 2018, según datos del IMCO”, citó.
Edición: Emilio Gómez
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