La Secretaría de Gobernación (Segob) hizo un llamado a la Fiscalía General y el Poder Judicial de Quintana Roo para garantizar el acceso a la justicia de periodistas y defensores de derechos humanos que fueron víctimas de violencia y represión el 9 de noviembre del 2020 en el municipio de Benito Juárez.
Enrique Irazoque, defensor de derechos humanos y titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de Segob, difundió en sus redes sociales un comunicado de la dependencia en el cual recuerda que en noviembre de 2020 durante la manifestación pidiendo justicia por el feminicidio de la joven Alexis, elementos policiacos accionaron sus armas contra los protestantes, hiriendo de bala a tres de ellos (dos son periodistas).
Esta acción fue “de forma injustificada y contraria a las normas nacionales e internacionales en la materia”. Por ello, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) emitió la recomendación 20/2020, que determinó la existencia de diversas violaciones a los derechos humanos, incluidos los derechos de reunión o manifestación, libertad y seguridad personales y libertad de expresión, así como la existencia de tratos crueles o degradantes.
“El 29 de abril de 2021 se tuvo conocimiento de la emisión de un auto por parte de la autoridad judicial que conoce el caso, en el que se señala que no fue posible ubicar a diversas personas imputadas, las cuales son acusadas de los delitos de lesiones culposas y dolosas, así como delitos contra los principios del sistema penal acusatorio y abuso de autoridad, en perjuicio de diversas personas, tanto manifestantes como periodistas”, informa el comunicado.
En consideración de lo anterior y advirtiendo la naturaleza de los hechos, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración llama a las autoridades de procuración e impartición de justicia de Quintana Roo para que en el ámbito de sus atribuciones desplieguen las acciones necesarias para garantizar el acceso a la justicia de las personas víctimas y evitar impunidad.
Edición: Ana Ordaz
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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