Padre de QRoo pierde custodia de su hijo, acusa a la Cecofam

En diciembre de 2019 una juez en materia familiar determinó retirar la custodia de su hijo de ocho años al señor Anmi García Arellano, debido a los reportes sesgados que se entregaban en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada (Cecofam) y que favorecieron a la madre, en contra de la voluntad del menor y de su padre, con quien creció.

“Yo y mi pequeño somos dos de las víctimas del Cecofam, de esta recomendación CDHEQROO/01/2020/I de la Comisión de los Derechos Humanos del estado (Quintana Roo), en nuestro caso desafortunadamente de todas las mentiras y abusos de autoridad, perdimos la custodia del niño, tenemos mucha evidencia”, cuenta en entrevista Anmi García.

El pasado 19 de abril, el director del Cecofam del Poder Judicial, Mario Enrique Herrera Carrasco y personal adscrito a trabajo social y sicología, admitieron haber ejercido violencia y malos tratos en contra de Kheren Juárez y su hija, y de haber puesto en riesgo la custodia de la menor. El director del centro ofreció una disculpa pública ordenada por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) por la vulneración al derecho humano de la seguridad jurídica y al interés superior de la niñez.

En esa misma carpeta la Cdheqroo incorporó el caso de Anmi García y su hijo menor, Miguel. En su caso, aún con pruebas que incluyen un dictamen sicológico de la Fiscalía General del Estado de que el menor no quería permanecer de manera voluntaria en las visitas con su madre -una mujer extranjera que dejó el país desde que el niño tenía dos años- el reporte del Cecofam permitió que la juez, Gloria Canull Briceño, determinara retirar la custodia al padre.

“No tomó en consideración la recomendación de Derechos Humanos, no considera otras evidencias (…) a mi me mandaron a la Fiscalía por supuesta violencia y le hacen una escucha al menor y el niño dice lo que ocurría, le hacen un estudio psicológico victimal al niño y también dice lo que él siente y todo esto me lo ocultaban porque no le convenía a la juez, porque en mi caso aprovecha los reportes y empieza a inventar”, apunta.

Anmi García asegura que el menor ha crecido con él y con su actual pareja, luego de que su madre biológica lo dejara cuando tenía dos años y medio, y luego de tres años y medio de ausencia, regresó la mamá para solicitar las convivencias con el niño en el Cecofam, de donde se derivan los problemas. 

“Vivíamos en otro estado, luego nos trasladamos a vivir aquí en 2015 y la señora (la mamá del niño) promueve un juicio de custodia, nunca pensé que se empezara a tornar así, pero comenzó porque los reportes fueron tendenciosos, el niño no conocía a la mamá y van y lo presentan, el niño estaba muy bien, iba a escuela particular, a clases de natación y nosotros estábamos bien”, aseguró.

Miguel visitaba a su mamá en el centro de convivencia y la juez determinó su convivencia fuera de éste a las pocas semanas. Anmi García asegura que el menor no estaba preparado para salir con su progenitora y que en esa convivencia hubo frecuentes agresiones, pero que el reporte del centro indicaba lo contrario, lo que comenzó a generarle problemas en el juicio de custodia.

Tras esto, el padre de Miguel acudió a la Cdheqroo a presentar una queja por la inacción del Cecofam para reportar los problemas que ocurrían entre la convivencia.

“No era sólo yo, éramos alrededor de 10 familias, sobre los reportes (…) de repente llegaba yo al centro con mi hijo, le preguntaban al niño, que entonces tenía seis años, si quería convivir con su mamá y él se negaba y los reportes eran contrarios, señalando que el niño estaba bajo mi influencia, y no permitían hablar y ocultaban detalles de la reacción del niño con su mamá, pero acotaban que el papá manipulaba y generaba violencia sicológica”, aduce el padre.

En la Fiscalía se determinó que sí existían agresiones hacia el menor por parte de su progenitora, pero su padre asegura que la juez no consideró ninguna prueba y se negó a escuchar al menor, al fundar su determinación en lo que reportaba el centro de convivencia, pese a que el Código de Procedimientos Civiles establece los procedimientos.

“No aceptó escuchar al niño, ni una valoración sicológica hecha por la perito, no empezó a aceptar otras pruebas, excepto los reportes”, añade, por lo que comenzó a videograbar los testimonios del niño en crisis y que no eran reportados, aún cuando los actos eran presenciados por el personal de sicología del centro.

Frustrado por la determinación de la juez y que en el contexto de la pandemia sólo puede hablar con su hijo vía telefónica media hora dos días a la semana, el padre de familia acudió a un Juzgado de Distrito que le otorgó un amparo en relación a la custodia, y obliga a reponer el procedimiento, pero de nueva cuenta se niegan a considerar la recomendación de la Cdheqroo de marzo de 2020, ni los resultados del dictamen ni ninguna otra prueba, excepto los reportes del centro.

La Cdheqroo determinó que el personal de este centro incurre en violación al derecho a la seguridad jurídica y al interés superior de la niñez, pero en la parte de la reparación omite el primer punto y pide reparación integral del daño. Sin embargo, ha pasado un año de la recomendación y “es como si no existiera”, reitera Anmi García.

Edición: Laura Espejo