Las organizaciones ambientalistas Centro para la Biodiversidad Biológica y Greenpeace México presentaron una demanda de amparo contra el tramo 5 del Tren Maya, que tiene lugar en una de las selvas con mayor biodiversidad de México, en el estado de Quintana Roo. El amparo impugna el hecho de que el gobierno federal no llevó a cabo la evaluación de impacto ambiental correspondiente antes de aprobar la quinta y más controvertida sección del tren.
El 22 de noviembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial que exenta los requisitos de permisos para varios de los proyectos de infraestructura prioritarios del Gobierno de México al catalogarlos de seguridad nacional, incluido el Tren Maya. La demanda de amparo presentada el martes 26 de abril cuestiona la exención y la sección más riesgosa del tren, que conecta Playa del Carmen con Tulum, a través de 121 kilómetros de hábitat clave para especies amenazadas como el pez ciego, felinos y monos, así como cuevas y flujos subterráneos de agua.
“Esta construcción del Tren Maya ya está dañando el hábitat de jaguares, ocelotes, monos araña y muchos otros animales en peligro”, dijo Alejandro Olivera, representante de México en el Centro para la Diversidad Biológica. “El presidente López Obrador debe detener la construcción hasta que las dependencias realmente cumplan con la ley y evalúen la amenaza del tren para esta hermosa selva biodiversa”.
La demanda de amparo de las organizaciones ambientalistas, interpuesta ante el segundo juzgado de distrito de Quintana Roo, cuestiona la autorización provisional emitida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Incluso, como los planes iniciales de la ruta del tren cambiaron y ahora el tren atravesará sobre cuevas submarinas y está deforestando kilómetros de selva, se cuestiona la ilegalidad de la ejecución realizada por el Fonatur para el Tren Maya.
Por otro lado, el amparo hace referencia a la violación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales, también conocido como Acuerdo de Escazú. Lo anterior, dado que el gobierno federal inició las obras negando el acceso a la información ambiental y la participación pública en la toma de decisiones ambientales, como el cambio en la ubicación del trazo.
“A través de esta demanda de amparo llamamos a las autoridades a cumplir y hacer cumplir el marco constitucional. Con el acuerdo presidencial, que da paso a las autorizaciones provisionales sin previa evaluación de impactos ambientales, se están violando los derechos a la información ambiental, a la participación pública en esa misma materia, el derecho a un desarrollo sustentable, el derecho a la legalidad, a la par que deja sin efecto los principios de prevención, precaución”, declaró Aleira Lara, directora de campañas de Greenpeace México.
“Las autoridades no han respetado la ubicación del trazo en vías de comunicación preexistentes como se había prometido. La deforestación y demás actividades que se han realizado hasta este día son completamente ilegales y ningúna promesa de mitigación o reparación a posteriori pueden servir de aval a un trazo que no se encuentra autorizado, con el cual se comprometen incluso los compromisos climáticos de nuestro país”, concluyó Aleira Lara.
De admitirse este recurso judicial se podría conceder una suspensión del proyecto de construcción en los siguientes días.
Edición: Mirna Abreu
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