Campesinos de Benito Juárez denuncian despojo de terrenos

Campesinos de la zona agropecuaria del municipio Benito Juárez denunciaron el despojo de tierras por un supuesto funcionario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) estatal y personas que afirman ser los dueños de terrenos ocupados por ellos desde hace más de 30 años. Son 15 predios, cada uno mide aproximadamente 100x1000 metros, y varios comenzaron a ser invadidos en 2021 en plena pandemia. 

"Vinieron todos los agricultores de la zona agrícola de Benito Juárez, porque esta zona está siendo invadida, están llegando personas que ostentan ser los dueños, sin embargo, ellos llevan más de 30 años o 40 años trabajando la tierra", explicó Gilda Yupit Tun, asesora del grupo agropecuario.

Los que llegaron a invadir, denunció, van siempre con un grupo de personas que sólo buscan dividir y amedrentarlos para que desalojen y así puedan ocupar el espacio y vender. 

"Estábamos en plena pandemia, comenzaron a ser invadidos y no sabían ni de donde provenían y la persona Reyna Isabel Sánchez; empezaron a decir que pertenecían al grupo de la RAM, que ellos trabajaron con el grupo de AMLO y que son cuidadores de tierras nacionales", mencionó.

Son por lo menos 45 familias las que se han visto afectadas, quienes se han dedicado a trabajar desde hace años en los 15 predios que hoy están siendo invadidos, aprovechando la tierra para temas de agricultura y que desafortunadamente tampoco han podido hacer uso de programas de apoyo, por carecer justamente de certeza jurídica.

Los agricultores tienen la posesión de terrenos con base en un documento que les dio la Unión de Productores Agropecuarios, una asociación que entró en funciones hace más de 40 años y que proporcionó el respaldo para que pudieran trabajar la tierra.

"Tienen promesa de compra venta desde el año 2000, hubo una reunión donde participaron todos estos (representantes de diferentes instancias) y llevan 22 años sin respuesta. Han pasado demasiadas administraciones y no hay ninguna regularización", demostró con documentos.

Aunado a ello, relató que los agricultores estuvieron trabajando de la mano de varios organismos enfocados en la certeza de la tierra e incluso pagaron 45 mil pesos por un documento de catastro, del que ahora la autoridad informó que nunca recibieron una clave y, por lo tanto, no tiene validez.

"No tienen una clave, por lo tanto, no existe en los registros de catastro. Ellos en su afán de encontrar una solución también son engañados y en lugar de que ese dinero lo dieran para comprar la tierra, terminan siendo parte también de esa red de corrupción", apuntó la entrevistada. 

Ahora, añadió, lo que están pidiendo es justicia, que les sus documentos, que los reconozcan por el tiempo que han trabajado la tierra, y en todo caso les paguen un precio justo por la tierra, pues afirmó que “no están pidiendo nada regalado, pero sí su derecho, por lo que han trabajado y la posibilidad de acceder a programas federales”.

Edición: Estefanía Cardeña