El juez noveno de distrito del estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, rechazó levantar la clausura que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) decretó a la empresa Sactun (antes Calica), filial de la estadunidense Vulcan Materials Company, asentada en la Riviera Maya.
Tras la clausura efectuada en mayo pasado la empresa interpuso un amparo indirecto que quedó asentado en el expediente 533/2022, donde pedía la suspensión provisional de la medida de Profepa para seguir extrayendo material pétreo y exportándolo a Estados Unidos.
El amparo indirecto promovido es contra el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, como autoridad responsable por los agravios cometidos, supuestamente, contra la empresa al impedir su operación.
Tras la decisión del juez, dada a conocer el pasado 18 de junio, Sactun tramitó un recurso de queja que aún no ha sido resuelto. Está prevista una audiencia para el próximo 11 de julio, donde el juez deberá dictaminar sobre el amparo interpuesto.
López Obrador informó la semana pasada que el gobierno de México ya prepara la documentación para denunciar a la empresa ante Naciones Unidas, al considerar que lo que han hecho en la Riviera Maya es una “catástrofe ecológica”.
Destacó también que a pesar de todo su gobierno sigue abierto al diálogo con Sactun, a quien ha propuesto cambiar de giro comercial hacia el turístico o que venda a la federación sus terrenos, que superan las dos mil hectáreas. Hasta ahora la filial de Vulcan Materials Company no ha dado una respuesta al gobierno federal.
Edición: Ana Ordaz
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