El mediodía de este martes abogados en defensa de Alexander Contreras (un ciudadano que trabaja como taxista en Isla Mujeres) acudieron a la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) a interponer una denuncia en contra de Jorge Mercado Mejía, quien también es el magistrado ponente del amparo en revisión en el caso Uber, que debe dar su definición mañana miércoles 11 de enero.
“Venimos a presentar la queja ante la comisión para efecto de que se defiendan sus derechos y se le aplique justicia… estamos poniendo la queja en contra del magistrado de la novena sala especializada en materia oral penal del Tribunal Superior de Justicia… el juzgado Cuarto de Distrito y el agente del Ministerio Público”, especificó David Vázquez, abogado defensor.
Cabe destacar que el miércoles 11 por lo menos dos mil integrantes del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo se movilizarán frente a los juzgados federales, como protesta ante la posible aprobación de ingreso de Uber, por lo que incluso algunas cámaras y asociaciones como la de Hoteles de Riviera Maya hicieron un llamado a tomar precauciones necesarias para los traslados seguros de los huéspedes en los tramos de la carretera 307, pues esperan afectaciones al tráfico.
Los defensores expusieron frente a los medios de comunicación que en el caso del operador presuntamente afectado, en la primera instancia no se le vinculó a proceso, en segunda instancia le revocaron la no vinculación por supuesta evidencia, pero -afirmaron- no existe tal evidencia y aunque sigue en libertad, lo vincularon ya a proceso.
Al respecto, Aurea Palacios, una de las abogadas defensoras, hizo mención que en el debido proceso se violaron los derechos del cliente, por lo que tomaron la decisión de presentarse ante Derechos Humanos en busca de llegar hasta las últimas consecuencias.
“Todo se basa en el caso de un operador de Uber que quiso cargar en un lugar indebido y por haberle llamado la atención armó una carpeta de investigación y ha armado toda la carpeta con falsedad, han utilizado a las autoridades dolosamente para poder llevar a la cárcel a una persona inocente que ha estado trabajando decentemente”, agregó Aurea Palacios.
De acuerdo a lo relatado, los hechos ocurrieron en marzo del 2019 en la zona continental de Isla Mujeres, cuando el integrante del Sindicato de Taxistas Gustavo Díaz Ordaz le cuestionó al conductor de una camioneta el porqué recogía dos pasajeros en un hotel, a lo que no respondió, por lo que junto con un delegado de taxistas lo siguieron por algunas calles hasta que se detuvo y les respondió que los pasajeros eran sus socios, sin embargo, se dio el supuesto de que se trataba de un conductor de Uber.
De acuerdo a la denuncia, el conductor de la camioneta acusó que lo extorsionaron con 50 dólares, lo que motivó la vinculación a proceso, que podría significar cárcel de hasta 20 años para el acusado.
David Vázquez argumentó que la denuncia ante Derechos Humanos se dio apenas ahora porque acaba de concluir un procedimiento en el que prácticamente se ha declarado culpable “con meras suposiciones”, por lo que solamente falta resolver un tema penal.
Edición: Laura Espejo
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