Ante las “imparables agresiones” por parte de taxistas en contra de socios conductores de Uber, estos últimos hicieron nuevamente un llamado a la autoridad estatal, comenzando con el Instituto de Movilidad, para que aclaren qué acciones tomarán contra los delitos que se siguen cometiendo.
“Creo que ya llegó el momento que la autoridad nos dé una respuesta de qué van a hacer, anteriormente la postura de ellos era: ‘es que los taxistas están defendiendo su trabajo’ y por eso eran permisivos, que nunca debieron serlo para tantos delitos, porque no son faltas administrativas las que han cometido en contra de nosotros, son delitos”, denunció Águeda Esperilla Soto, representante de los socios de Uber en Cancún en conferencia de prensa.
Los delitos, lamentó, han escalado poco a poco, se han dado enfrentamientos, han aparecido diferentes tipos de armas y la Fiscalía no ha podido resolver las denuncias, que son ya más de 500, ni la autoridad pone solución.
El Instituto de Movilidad, acusaron, tampoco ha dado resultado, sigue sin resolver si quitarán o no la concesión a los taxistas directamente acusados y los ataques prevalecen.
“Nunca fue justificación nuestra supuesta ilegalidad para que ellos actuaran de esa manera, jamás, pero bueno, el gobierno quiso justificarlos de esa manera. Pero hoy desde que empezó el año y salió la resolución del amparo… ahorita ya está la Ley de Movilidad y sigue la situación”, lamentó.
Lo peor, dijo, es que continúa escalando el nivel de violencia, porque ahorita ya hay armas y “no les interesa si arriba del carro van turistas, niños o quien sea”.
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Obtienen suspensión
Por otra parte, la plataforma Uber en su modalidad Uber Eats obtuvo del Noveno Tribunal de Circuito, con sede en Cancún, una suspensión provisional para impedir la aplicación de la Ley de Movilidad en términos de que la empresa no esté obligada a someterse al régimen de autorizaciones, permisos y declaratoria de sostenibilidad para poder operar en la entidad.
Uber Eats también se amparó contra el pago de un derecho de hasta 1.5 por ciento del costo total de cada viaje que realizan los repartidores. La suspensión también establece que las autoridades deberán abstenerse de sancionar a los repartidores que laboran para Uber Eats.
Se trata del fallo de sólo uno de los más de 10 amparos que ha tramitado la empresa en contra de la Ley de Movilidad de Quintana Roo.
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