En un lo que fue calificado como un acto de justicia social para mujeres y hombres de las zonas rurales, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, firmó con el titular de la Procuraduría Agraria, Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, un convenio para dar certeza jurídica patrimonial a más de 280 ejidos de todo el estado y acreditar la tenencia de la tierra para acceder a los programas sociales de gobierno.
Las autoridades coincidieron en que en Quintana Roo ningún gobierno había impulsado un programa general de esta magnitud y, por fin, se inicia un procedimiento de regularización de la propiedad de manera formal, que incluye al gobierno federal, estatal y municipal.
Lezama Espinosa destacó el trabajo con el gobierno de México y el apoyo del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que permite avanzar en mejorar la calidad de vida de los seres humanos. El objetivo es poner en la prioridad de lo público a las familias, a los hombres, a las mujeres, a las niñas y a los niños.
Dijo que este convenio de colaboración permitirá otorgar subsidios a sujetos agrarios en la inscripción de títulos de propiedad y escrituras públicas, aranceles notariales y expedición de actas de nacimiento o defunción.
“Por carecer de estos documentos, los derechos de hombres y mujeres se ven vulnerados. En este gobierno humanista y progresista, en el que las personas están en el centro de las decisiones de gobierno, se atiende este rezago histórico de acuerdo con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, reinvindicando el derecho al progreso de todas y todos los quintanarroenses”, comentó.
Mara Lezama explicó que el gobierno del estado apoyará con subsidios al 100 por ciento en la titulación y la inscripción, tanto en aranceles notariales como del Registro Público de la Propiedad, así como en la expedición de copias certificadas.
Por su parte, el procurador agrario apuntó que la certeza jurídica es ahora instrumento para acceder a los servicios y Programas del Bienestar, despejar los temas de sucesión, y en el caso de escuelas, hospitales y otros temas de inversión pública, se requiere la acreditación legal de la posición para su desarrollo.
“Este convenio pone de manifiesto la vocación social de la gobernadora y el interés de buscar las mejores condiciones para el pueblo de Quintana Roo y estos acuerdos son en favor de generar la certeza jurídica para que puedan acceder a todos los servicios y programas de bienestar”, dijo.
El convenio dará certeza jurídica y documental a los sujetos de derechos agrarios, parte de la transformación profunda para redistribuir el ingreso y elevar la calidad de vida de las y los quintanarroenses que viven de sus tierras. La secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, añadió que casi todos estos espacios ya son zona urbana y una vez regularizados podrán acceder a más servicios.
Edición: Estefanía Cardeña
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