César Arellano García
El ex gobernador priista de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo (2011-2016), continuará en prisión, luego de que un juez federal le negó la suspensión definitiva contra la vinculación a proceso que le dictaron en marzo de 2023 como presunto responsable del delito de delincuencia organizada, en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Borge Angulo promovió un juicio de amparo el pasado 28 de diciembre de 2023, ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con residencia en Toluca, Estado de México, no obstante, el juez Alfonso Alexander López Moreno, negó concederle la medida cautelar para que se modificara la prisión preventiva que se le impuso y se ordenara su inmediata libertad.
El togado argumentó que al momento de interponer el juicio de amparo, Borge Angulo ya se encontraba detenido por orden de autoridad competente, por ello, señaló que no es viable dar a la medida cautelar el alcance pretendido por el ex gobernador, es decir, otorgar su inmediata libertad.
Sin embargo, el impartidor de justicia solo le otorgó la suspensión definitiva, pero para el efecto de que el exmandatario quede a disposición del juzgado de amparo en lo que se refiere a su libertad en el lugar donde se encuentra recluido y a disposición del juez de la causa para la continuación del procedimiento.
En marzo del año pasado, Borge Angulo fue vinculado a proceso como presunto responsable del delito de delincuencia organizada, en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Asimismo, en ese entonces, el togado impuso al ex titular del Ejecutivo estatal prisión preventiva oficiosa, por tratarse de un delito grave, por ello continúa preso en el Centro Federal de Readaptación Sicosocial de Ayala, en Morelos. En el ámbito estatal se siguen tres procesos penales en contra del último gobernador de origen priista en Quintana Roo.
Los delitos que se imputan a Borge en la entidad son aprovechamiento ilícito del poder, por un supuesto desvío de recursos de la empresa paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos; desempeño irregular de la función pública, por un presunto quebranto al erario estatal, y la venta de varios inmuebles propiedad del estado a precios muy por debajo de su valor real.
Edición: Mirna Abreu
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