Habitantes del fraccionamiento Urbi de Cancún, con apoyo de la Asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), se mantienen en seguimiento al proceso de resolución al problema de aguas negras en la zona; se encuentran ya en espera de una audiencia para la sentencia correspondiente.
“La licencia de fraccionamiento fue emitida en 2009, en 2010 es cuando venden, en 2013 prorrogan la licencia, o sea prorrogan un permiso cuando ya habían incumplido y ya habían vendido y en el juicio el municipio dice que no han municipalizado porque le donaron los lotes de equipamiento hasta 2021”, relató Antonella Vázquez Cavedon, abogada de DMAS, en conferencia de prensa. Y desde entonces, acusó, cada administración municipal inevitablemente tuvo que recibir la documentación de la administración pasada y al día de hoy no han hecho su trabajo.
Los habitantes del fraccionamiento Urbi presentaron un amparo indirecto contra la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) del Estado de Quintana Roo, la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano, la Tesorería del municipio Benito Juárez, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), ante la omisión y participación de todos los anteriores en la adquisición, mediante un crédito, “de una vivienda de interés social que no puede ser considerada una vivienda digna por la falta de una planta de tratamiento de aguas residuales”.
Además, la abogada enfatizó que tanto Sedetus como el ayuntamiento de Benito Juárez incumplieron su obligación de vigilar y supervisar las obras mínimas y en su momento de ejecutar la fianza que el desarrollador presentó para que le autorizasen el fraccionamiento; CAPA emitió constancias de no adeudo de agua potable y alcantarillado que permitieron al desarrollador vender el inmueble y el Infonavit cobra mensualidades e interés respecto a una vivienda que no debió venderse.
El juicio de amparo inició el día 28 de noviembre de 2023, cuando fue admitida la demanda y para este 20 de marzo estaba programada la audiencia constitucional que dará pie a una sentencia.
Por su parte, Víctor Izazola Sarabia, presidente del comité vecinal de Urbi, quien interpuso el amparo, detalló que el desborde de aguas negras ha sido el principal problema que han enfrentado y que esperan la construcción de una planta de tratamiento, como se debió hacer antes de vender.
Edición: Estefanía Cardeña
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