Tras labores de investigación tecnológica y de campo, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo logró detener a dos hombres y una mujer por su posible relación en hechos que podrían ser constitutivos del delito de homicidio calificado en agravio de Manuel Santiago Tun, quien fue ultimado la madrugada del 11 de mayo del año en curso en el municipio Benito Juárez.
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“Los detenidos se identificaron como Marlon Oswaldo N., Isaías Abdiel N. y María Fernanda N.; el móvil del homicidio confirma la línea de investigación que se trató de una venganza personal, ya que la víctima presuntamente cometió un acto ilícito en el año 2022”, comunicó la Fiscalía en un comunicado de prensa.
La víctima se desempeñaba como coordinador de campaña del candidato a la diputación local por el distrito 1, Alberto Batun. El crimen ocurrió afuera del domicilio del hoy occiso, ubicado en la supermanzana 519 de Cancún, cuando dos personas descendieron de un taxi y una de ellas le disparó en repetidas ocasiones, causándole múltiples heridas que provocaron su fallecimiento en el hospital.
“En el lugar, servidores públicos de esta representación social recolectaron las evidencias halladas, mismas que constan de seis casquillos y una ojiva calibre 9 milímetros, de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea”, detalló la Fiscalía.
Las indagatorias realizadas en torno al caso relacionan como autor intelectual del ataque a balazos que le costó la vida al coordinador de campaña a Isaías Abdiel N. “Esta representación social identificó plenamente el taxi que conducía Marlon Oswaldo N., donde también viajaba otro sujeto, quien presuntamente disparó el arma de fuego en contra de la víctima”, indicó la autoridad ministerial.
Cabe mencionar que en otro vehículo color blanco circulaban Isaías Abdiel N. y María Fernanda N., quienes vigilaban que el hoy occiso se encontrara en su domicilio, por lo que habrían informado a los ocupantes del taxi el momento en que podían actuar.
Una vez cumplidas las diligencias correspondientes, los dos hombres y la mujer se encuentran a disposición del Ministerio Público, quien en el término constitucional previsto determinará su situación jurídica, conforme a derecho.
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