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Ana Ramírez
26/02/2025 | Cancún, Quintana Roo
En relación al litigio que se está llevando a cabo en contra de la empresa de servicio de agua potable Aguakan, el gobierno del Estado, en voz de la secretaria de gobierno Cristina Torres, presentó su posicionamiento en el que resaltó los elementos que respaldan las denuncian que se han interpuesto contra la concesionaria, entre los que destacan la falta de distribución e incluso contaminación del agua potable.
“El posicionamiento del gobierno del estado de Quintana Roo sobre el litigio que se lleva a cabo contra la empresa de servicios de agua potable Aguakan, se basa en el hartazgo social acumulado durante muchos años y sustentado en la falta de abastecimiento de agua durante largos períodos de tiempo.
El tandeo, la falta de atención a fugas, cobros indebidos, mala administración en el drenaje sanitario, así como el cobro de pipas de agua cuando no suministran el líquido de manera adecuada, entre otras irregularidades, fueron causa del hartazgo, la irritación social, incluso hubo una consulta popular en la cual la mayoría de las y los ciudadanos quintanarroenses se expresaron por terminar con la concesión”, relató.
Ante esto, afirmó, se han realizado diversas auditorías técnicas, financieras, contables y fiscales, así como a la operación de la concesión, con análisis de muestras de agua, visitas a las plantas de tratamiento de aguas residuales, que permitió detectar diversas irregularidades y como consecuencia de ello, la presentación de las denuncias correspondientes que tuvieron los siguientes fundamentes:
La concesión que fue otorgada en los años 90 fue prorrogada ilícitamente en el año 2014 hasta el año 2053 y ampliada al municipio de Solidaridad; derivado de lo anterior, el 16 de mayo del 2024, el gobierno del Estado presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, misma que determinó que existían elementos suficientes en contra de directivos de la empresa DHC.
Por lo que respecta los temas de salud y afectación al medio ambiente de las y los quintanarroenses que derivan de la explotación ilícita de la concesión, la Comisión Nacional del Agua (CAPA), así como epidemiólogos del IMSS Bienestar, la Secretaría de Salud y laboratorios especializados llevarán a cabo diversos muestreos de agua potable en escuelas, hospitales, iglesias, hogares y plantas de tratamiento de agua residual operadas por la concesionaria DHC, obteniendo como resultado afectaciones sanitarias y ambientales muy graves como las siguientes:
Se detectó en el agua potable la presencia de contaminantes en parámetros fuera de los límites permisibles por las normas oficiales mexicanas aplicables, lo que presenta un riesgo inminente en la salud de la población siendo tóxicos para los seres humanos.
En aguas residuales se detectaron elementos que superan los límites permisibles por las normas oficiales aplicables al contener e-coli y coliformes fecales muy por arriba de los niveles permitidos, lo que en esas condiciones una vez devueltas al ecosistema y al ser inyectadas al manto freático generan un daño irreversible al medio ambiente.
“En Quintana Roo con la llegada de la cuarta transformación, nunca se comprometerá el patrimonio del pueblo. El agua es un derecho humano, no un privilegio y menos un instrumento para el enriquecimiento de unos cuantos… En los próximos días les estaremos dando cuenta de los avances de los nuevos procesos legales emprendidos”, concluyó.
Edición: Fernando Sierra
