No son pocas las familias que han visto mermados sus ingresos en medio de la contingencia por el COVID-19, por lo que una de las alternativas es la venta de comida a domicilio, principalmente ofertados mediante redes sociales. La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) sólo atiende denuncias relacionadas con la venta de alimentos en descomposición, aunque su esfuerzo y vigilancia se concentran en lugares establecidos, informó el titular de dicha dependencia, Miguel Pino Murillo.
Desde el inicio de la pandemia, la oferta de alimentos en redes sociales ha incrementado hasta en 60 por ciento, de acuerdo las estimaciones de restauranteros locales, lo que representa una competencia “desleal” para quienes han tenido que cumplir con las disposiciones sanitarias para seguir operando; sin embargo, es una oportunidad al autoempleo en la búsqueda de supervivencia de muchas familias que se quedaron sin sustento.
En entrevista telefónica, Pino Murillo dijo que de acuerdo con la semaforización, en todo el estado se ha pedido a los restaurantes vender específicamente servicios para llevar con tal de evitar el aforo en los establecimientos; la instancia realiza operativos para constatar que los alimentos expendidos estén en buen estado y se preparen de manera higiénica.
A la fecha se han realizado 8 mil 900 verificaciones de unos 58 mil establecimientos en todo el estado; 2 mil de esas verificaciones corresponden a Chetumal.
“En temas de alimentos se han cerrado lugares por detectar que no se contaba con las medidas adecuadas, como desinfección, filtro sanitario o no había verificación del personal de que no tuviera síntomas de COVID-19 o de plano se detectó gente trabajando enferma”, precisó Pino Murillo.
En el caso de la venta en redes sociales, el funcionario del sector salud dijo que es complicado hacerlo en cuanto a alimentos y que sólo se han concentrado en la revisión de la venta clandestina de bebidas alcohólicas. Indicó que si alguna persona detecta que su alimento le fue entregado en mal estado debe denunciarlo para ser atendido, pero acotó que “la prioridad ahorita es el servicio a domicilio (…) En este momento, hasta una casa habitación, si es denunciada podemos entrar y hacer la verificación”.
Edición: Gina Fierro
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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