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Ana Ramírez
23/09/2025 | Cancún, Quintana Roo
El embarazo en niñas y adolescentes sigue siendo uno de los problemas más complejos de salud pública en México, con raíces que van más allá del ámbito médico y que se vinculan con factores sociales, culturales y de violencia estructural y aunque en Quintana Roo las cifras han disminuido en los últimos años, es algo que no se puede descuidar.
“Cuando hablamos de embarazo infantil no estamos frente a un accidente ni a una decisión temprana. Estamos hablando de violencia y de un delito. Una niña de 10 o 12 años no tiene la capacidad de consentir, si en los registros aparece un padre de 62 años, estamos frente a un abusador protegido por el silencio y, muchas veces, por las propias familias”, apuntó Paula Rita Rivera, gerente de operaciones de Telefem, asociación sin fines de lucro de atención durante todo el proceso de interrupción legal del embarazo por medicamentos.
Para el 2020, ejemplificó, de acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Quintana Roo el 2.4 por ciento de los embarazos ocurrieron en menores de entre 12 y 17 años, y de manera general en los últimos años la tasa de natalidad entre los 15 y los 19 años sí ha disminuido.
Consideró que los factores que han influido en esta reducción, sobre todo porque hace aproximadamente una década Quintana Roo se consideraba el estado con una mayor tasa de embarazos adolescentes, son: que hay mayor educación que en otros lados o está aumentando, sumado a estrategias y redes que se han fortalecido para reducir estas estadísticas.
“Esto tiene que ver con estrategias preventivas, mayor acceso a servicios de salud y también con un cambio social en el estado. Quintana Roo es una sociedad más abierta en términos de sexualidad, menos rígida en lo religioso, y eso influye. Además, la legalización del aborto hace dos años ha significado un paso en la protección de niñas víctimas de delitos”, aseveró.
La prevención, insistió, es fundamental y para lograrlo, se tiene que sacar a las niñas de los círculos de violencia en los que se encuentran, alejarlas de círculos de abuso, de pobreza, aunado a acercarles el uso de métodos anticonceptivos y la educación sexual.
Los datos revelan que detrás del embarazo infantil y adolescente hay una red de factores que se entrelazan: la pobreza, los matrimonios arreglados, aún presentes en comunidades de Oaxaca o Guerrero (que ocupan los primeros lugares de embarazo adolescente), la violencia intrafamiliar y las brechas culturales, que normalizan relaciones desiguales.
A ello se suma la falta de aplicación de protocolos de protección, porque si un profesional de la salud recibe un embarazo infantil y no activa el protocolo correspondiente, también se convierte en cómplice de la situación, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 046, que establece la obligación de denunciar y atender casos de violencia sexual y acceso a la interrupción del embarazo en estas circunstancias.
México implementa desde 2015 la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), que busca reducir en 30% los embarazos en jóvenes y erradicar por completo los embarazos infantiles. La estrategia, de carácter interinstitucional, incluye programas de educación sexual, atención médica, prevención comunitaria y apoyo a adolescentes embarazadas.
Si bien los avances han sido lentos, los especialistas coinciden en que la política ha logrado reducir gradualmente las cifras, aunque todavía persisten desafíos. “El problema es integral, no se trata solo de salud, sino de educación, acceso a servicios y combate a la violencia. El embarazo infantil debe ser cero, porque ahí no hay nada de que debatir: es siempre producto de un delito”, afirmó.
La educación sexual, recordó, empieza en casa, no se puede endosar toda la responsabilidad a las escuelas o al gobierno, se tiene que enseñar desde temprana edad a los niños cómo se llaman sus genitales, que nadie puede tocarlos y generar confianza para que, si ocurre algo, lo digan y coadyuvar a erradicar el embarazo infantil, una obligación ética, legal y de salud.
