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La Jornada Maya
25/09/2025 | Ciudad de México
Derivado de la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, un juez penal en Tulum resolvió a favor de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el aseguramiento del inmueble denominado Adamar, ubicado en Tankah IV, Bahía de Solimán, municipio de Tulum.
La denuncia fue presentada por la Profepa el pasado 16 de julio en contra de la persona moral “Desarrollos Tulum Dieciséis, S.A.P.I. de C.V.”, conocida comercialmente como Condominio Adamar, por hechos que podrían constituir delitos contra el patrimonio, la administración pública, el desarrollo urbano y el medio ambiente, previstos en diversos artículos del Código Penal del estado de Quintana Roo.
En audiencia celebrada el pasado 23 de septiembre, el juez penal consideró procedente la solicitud presentada por la Fiscalía, con la participación de la Profepa como denunciante y víctima, al reconocer la existencia de pruebas suficientes para autorizar el aseguramiento inmediato del predio.
Con esta medida, la Fiscalía General del Estado ejecutó el aseguramiento, designando a la Profepa como depositaria del inmueble, lo que permitirá garantizar el resguardo del predio y dar continuidad a las investigaciones correspondientes.
El aseguramiento implica que la empresa involucrada no podrá continuar con los trabajos de construcción, en tanto se determinan las responsabilidades administrativas y penales.
Los promoventes de este condominio iniciaron las obras de construcción sin la autorización ambiental federal correspondiente y continuaron dichas obras a pesar de las clausuras que les fueron impuestas en diversos momentos, con lo cual su actuación fue contraria a la normativa ambiental y a las leyes estatales y federales, por lo que se constituyeron diversas faltas administrativas e ilícitos contra la biodiversidad.
La Profepa refrendó en un comunicado su compromiso de proteger los recursos naturales y hacer cumplir la ley, y aseguró que continuará trabajando en coordinación con las autoridades estatales y federales para el seguimiento de este caso, así como en la atención de los procedimientos que se deriven de estas acciones.
Edición: Estefanía Cardeña
