“Hay desazón porque desafortunadamente el marco normativo es el que es”, respondió el secretario de la Contraloría (Secoes), Rafael del Pozo Dergal, ante los resultados de las denuncias que el estado ha presentado en contra de ex funcionarios públicos que causaron un daño patrimonial a la entidad y que ahora gozan de libertad o medidas cautelares distintos a la prisión preventiva.
En conferencia de prensa, el contralor abordó el cambio de medidas cautelares a favor del ex alcalde de Solidaridad, Mauricio N y otros ex funcionarios que fueron imputados y ahora están libres. Sobre el caso más reciente, aclaró que su situación jurídica aún no le exime del proceso legal.
Recordó que en las reformas al sistema de justicia penal se ha discutido los delitos que ameritan prisión preventiva y que esto no ha dependido de las decisiones de un gobierno, sino del Congreso federal.
Aclaró que la prisión preventiva no prejuzga respecto de la acción penal, sino que permite a quienes están sujetos a un proceso seguirlo fuera de una instalación penitenciaria.
Dijo que hace un par de semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió una contradicción de tesis que se planteó desde hace un año y en el que el gobierno de Quintana Roo había defendido los procedimientos relacionados a la aplicación de la ley de manera retroactiva a los servidores públicos que habían cometido un acto irregular probablemente constitutivo de corrupción con fecha anterior a julio de 2019.
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