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Ana Ramírez
25/05/2026 | Cancún, Quintana Roo
Entre el alza constante en los insumos y una excesiva red burocrática intermunicipal en el Caribe Mexicano, el sector de la proveeduría atraviesa una crisis operativa, compartió Marisol Pérez Segovia, presidenta de la Asociación de Provedores de Quintana Roo.
"Cualquier camión mayor de tres toneladas que vaya de un municipio a otro tiene que pagar un impuesto y tiene que hacer el registro del camión, el chofer, la empresa y eso está ligado. Entonces, imagínate hacer una entrega, empezar en Isla Mujeres y terminar en Tulum, estás pasando por muchos municipios que están pidiendo el mismo permiso", expuso.
Esta fragmentación administrativa obliga a las empresas a gestionar múltiples trámites individuales ante las oficinas de tránsito de cada demarcación que crucen sus unidades de reparto. Aunado al incremento en los precios del combustible, que eleva drásticamente los costos de operación para sus 75 socios, quienes son los encargados de suministrar alimentos, químicos y servicios básicos a la industria hotelera regional.
Especificó que la falta de un permiso estatal único para el transporte de carga pesada es el mayor obstáculo actual para la eficiencia del sector, que diariamente enfrenta la complejidad de realizar entregas a lo largo de la geografía estatal.
Ante esto, desde la asociación han planteado durante años la necesidad de un permiso que permita circular por todo el estado sin realizar pagos y registros duplicados en cada ayuntamiento, que no solamente significa múltiples pagos, sino también mucho tiempo perdido, porque el chófer tiene que hacer cada trámite de manera personal. Todo este proceso afecta directamente la cadena de suministro.
"Imagínate si ese día tu chofer no llega, se enfermó, tienes que pedir otro permiso, porque están ligados todos. Entonces eso sí es para nosotros un problema grande, entre otras cosas. Tiene que ir la persona, el chofer o la persona que está responsable de las entregas personalmente a cada municipio", apuntó.
Aunque esta solicitud se ha sugerido a diversas autoridades y secretarios de transporte, no existe aún una mesa de trabajo formal para concretar esta simplificación legislativa que los proveedores consideran urgente.
Estos retrasos generan fricciones y penalizaciones con los hoteles, que aplican cláusulas monetarias estrictas por incumplimiento, sumándose a plazos de pago que habitualmente se extienden hasta por cuatro meses después de la entrega.
Reiteŕo que la petición es una intervención gubernamental coordinada que logre unificar los criterios de transporte entre los municipios del estado, con lo que dejarían de poner en riesgo la eficiencia del suministro en los destinos más importantes del Caribe Mexicano, donde la puntualidad es determinante para la competitividad.
Edición: Fernando Sierra
