El Congreso del estado de Quintana Roo dio entrada a la iniciativa del Ejecutivo estatal en la que solicita la autorización de la XVI Legislatura para desarrollar bajo un esquema de asociación público-privada el proyecto denominado Puente Vehicular Nichupté, obra que busca proveer una nueva conexión vial entre el centro urbano y la zona hotelera de Cancún, atravesando en gran parte de su longitud el sistema lagunar Nichupté.
La iniciativa de decreto presentada por el gobernador del estado fue leída en la sesión ordinaria número 32 y turnada a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, y de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos, para su estudio, análisis y posterior dictamen.
El Puente Vehicular Nichupté es un proyecto gestionado bajo el modelo de asociación público-privada, cuya etapa de formulación se impulsó bajo el esquema de una propuesta no solicitada por parte de la empresa Controladora de Operaciones de Infraestructura S.A. de C.V., la cual fue analizada por la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (Agepro), determinando su viabilidad, procedencia y la oportunidad para llevar a cabo el proyecto.
El tiempo de construcción será de aproximadamente 22 meses y se proyecta que opere como vía de peaje durante, al menos, 28.2 años. De acuerdo con la iniciativa presentada, el proyecto consideraría tres componentes: una aportación de capital privado por mil 35 millones de pesos, un apalancamiento del APP por mil 553 millones de pesos y una subvención federal por dos mil millones de pesos.
A cambio de la construcción, operación y mantenimiento del proyecto, se propone un pago por disponibilidad anual de 344 millones de pesos. El estado, a través de la Agepro, recibirá las cuotas por peajes por alrededor de 226 millones de pesos.
En la misma sesión, la cual estuvo presidida por el diputado Eduardo Martínez Arcila, se aprobaron en lo general las minutas de ley de ingresos de los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Cozumel y Solidaridad, para el ejercicio fiscal 2021.
De esta manera, los ingresos estimados serán para Solidaridad dos mil 268 millones 445 mil 210 pesos, para Cozumel 621 millones 497 mil 803 pesos, mientras que para Othón P. Blanco serán de 880 millones 801 mil 258 pesos. En el caso de Bacalar, uno de sus artículos fue rechazado en la votación en lo particular, por lo tanto, se analizará nuevamente en comisiones.
Por último, se designó a los ciudadanos Luis Miguel García de Alba y Juan Ignacio Athié Lambarri como integrantes de la Comisión de Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del estado de Quintana Roo, luego de aprobarse el dictamen correspondiente donde se verificó el cumplimiento de los requisitos del artículo 18, fracción I de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.
Edición: Elsa Torres
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