Protección del medio ambiente

Carlos Águila Arreola
La Jornada Maya

Cancún
1 de mayo, 2015

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) aseguró en Playa del Carmen a un tigrillo ( Leopardus Wedii ) y a cuatro ejemplares de pecarí de collar ( Pecarí tajacu ) en el rancho La Gemelas, ubicado en el ejido del mismo nombre, en la cabecera municipal de Solidaridad. En atención a una denuncia por posesión en cautiverio de fauna silvestre, personal de la delegación en Quintana Roo realizó una visita de inspección y el propietario no demostró la legal procedencia de las especies. Los animales fueron incautados precautoriamente bajo custodia de la PROFEPA y trasladados a la Unidad de Manejo para la Conservación de vida Silvestre (UMA) Bel Air para brindarles la atención correspondiente. El tigrillo esta enlistado en la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de peligro de extinción.

Por otra parte, la PROFEPA clausuró de manera temporal obras y actividades de construcción en el ejido Aarón Merino Fernández del municipio de Bacalar por falta de autorización de cambio de uso de suelo en terreno forestal. La existencia del ejido, ubicado a 343 kilómetros al sur de Cancún, se dio a conocer porque ganó una serie de fallos contra Teléfonos de México (Telmex), propiedad de Carlos Slim Helú, en el juicio por un predio que la empresa usufructuaba hacía 30 años. En esta ocasión, tras la inspección, personal de la dependencia descubrió 14 tocones –parte del tronco que queda unida a la raíz cuando hay tala– secos en proceso de descomposición, así como remoción de vegetación forestal sobre una superficie de 1,202 metros cuadrados. También se constató la construcción irregular de dos palapas dentro de un ecosistema y flora colindante con la Laguna de los Siete Colores, en el municipio bacalarense, el décimo de Quintana Roo que fue decretado hace cuatro años.Los inspectores federales solicitaron la autorización en materia de impacto ambiental que otorga la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para el cambio de uso de suelo de áreas forestales, pero el representante legal no la exhibió. Tras la falta del permiso se inició un procedimiento administrativo y se determinó como medida de seguridad, la clausura total temporal de las obras y los alrededores hasta deslindar responsabilidades.