Denuncias revelan más desvíos de Borge

Joana Maldonado
Foto - Comunicación CJ
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Martes 20 de diciembre, 2016

Siete denuncias más fueron presentadas por el gobierno de Quintana Roo en contra de quienes resulten responsables de los delitos de peculado, desempeño irregular de sus funciones, abuso de autoridad y usurpación de funciones. El gobernador, Carlos Joaquín González, adelantó que se alistan al menos otras 14 denuncias en contra de ex funcionarios de la administración de Roberto Borge Angulo. Por ahora, suman 15 las interpuestas ante la Fiscalía General del estado.

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de la Gestión Pública, Rafael del Pozo Dergal, acompañado del secretario de Gobierno, Francisco López Mena, anunciaron que durante la semana anterior, en diversas fechas, se interpusieron siete denuncias de hechos ante la Fiscalía General de Justicia, buscando la reparación del daño.

“Producto de las auditorías efectuadas a la administración pública, este gobierno ha presentado ya siete nuevas denuncias por diversos delitos cometidos en cuatro dependencias y entidades, delitos como peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad, así como usurpación de funciones, todos ellos, por un monto total de dos mil 388 millones 296 mil 558 pesos con 99 centavos”, expresó el titular de la Secretaría de Gobierno al iniciar la conferencia de prensa a la que se convocó una noche antes.

López Mena agregó que estas nuevas denuncias, ponen de manifiesto que los fenómenos de corrupción en la pasada administración, se presentaron “no sólo de manera generalizada, sino también organizada”.

“Este gobierno va a sancionar la corrupción de administraciones previas y va a prevenir irregularidades; las que de realizarse también serán severamente sancionadas”, advirtió el funcionario.

“Que estos recursos terminen en los bolsillos de unas cuantas personas, de unas cuantas familias o de algún grupo que los usa para perpetuarse en el poder y repartírselo, esto no se va a permitir más”, sentenció.

El titular de la Secretaría de la Gestión, afirmó que ya hay otras 15 denuncias interpuestas por otros motivos, de los que no quiso dar detalles para mantener el sigilo de las investigaciones.

[b]Nuestro trabajo es la rendición de cuentas[/b]

Antes, en una entrevista vía telefónica con el periodista Carlos Loret, el gobernador, Carlos Joaquín González informó que las denuncias se encaminan en contra del ex secretario de Infraestructura y Transporte (SINTRA), Fernando Escamilla, los subsecretarios de la misma dependencia Ariel Federico Meesel Soureau y Andrés Canul Novelo; así como quien se desempeñó como secretario de Finanzas y Planeación, Juan Pablo Guillermo Molina y del subsecretario técnico de Hacienda, Eliézer Villanueva Lanz; además en contra del entonces secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Rodríguez –actual secretario General del Ayuntamiento de Benito Juárez– y la subsecretaria de la misma, Paulina Achach García.

El gobernador, detalló que estas denuncias –en el caso de la SINTRA-, se derivan de irregularidades en la renta de maquinaria que fueron hechas en 2013 por 430 millones de pesos; renta de maquinarias del ejercicio 2014 por 348 millones de pesos dado que “son confusas no hay documentación de soporte ni evidencia de los servicios”.

El titular de la Gestión Pública, Rafael del Pozo, dejó entrever que podría tratarse de empresas fantasma con domicilio fiscal en Yucatán en las que se facturaron más de mil 500 millones de pesos.

Se determinó además, que estos funcionarios tuvieron un desempeño irregular de la función pública y abuso de autoridad por casi 41 millones de pesos.

Además, dijo el gobernador, se concluyó que existieron desvíos en el ejercicio de 2014-2016 en la Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano por casi 8 millones y medio de pesos; así como usurpación de funciones, “funcionarios que hacían algunas acciones después de haber renunciado a sus cargos”.

En el caso de los titulares de Finanzas, se comprobó un desvío de dinero obtenido a través de un crédito simple que contrató la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), primero por 507 millones de pesos y un segundo por mil 55 millones de pesos que fueron enviados a otra dependencia sin documentación comprobatoria, dejando una falta de documentación importante que permite ver un desvío de recursos

El gobernador, Carlos Joaquín, adelantó que se interpondrán 14 denuncias adicionales y que “todavía falta la del endeudamiento para tener la información”.