Ya hay dos demandas contra Borge

Joana Maldonado
Foto: Carlos Águila Arreola
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Martes 15 de noviembre, 2016

Durante la administración de Roberto Borge Angulo, amigos, socios y familiares, adquirieron predios considerados reserva territorial del estado, que en algunos de los casos fueron vendidos en menos del uno por ciento de su valor comercial. La administración de Carlos Joaquín, interpuso dos denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del estado, en lo que pudieran ser hechos constitutivos de delitos.

Ayer por la mañana, el gobernador dio a conocer en un programa televisivo de transmisión nacional, que a través del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE), su antecesor, Roberto Borge Angulo, vendió casi 10 mil hectáreas de reserva territorial a amigos y gente cercana, incluso familiares, con costos muy por debajo de su precio real.

La mayoría de los predios vendidos fueron en los municipios con mayor plusvalía, por ser zonas turísticas, como el municipio de Solidaridad –Playa del Carmen–, Benito Juárez –Cancún–, Puerto Morelos y Cozumel.

“Dice la Constitución del IPAE que son reservas para el desarrollo social, destinadas a proyectos productivos pero no habla de la venta a particulares y estamos hablando de un desvío”, dijo el gobernador.

[b]Entre los beneficiados, destacan familiares cercanos de Borge[/b]

El jefe del Ejecutivo estatal no pudo dar detalles de las personas que adquirieron estos predios, pero se sabe que entre las que fueron beneficiadas y que en su caso, fungieron como prestanombres, está el Abogado César Celso González Hermosillo y Melgarejo, quien también aparece como representante jurídico de Barcos del Caribe, empresa ligada al ex gobernador.

A González Hermosillo y Melgarejo, se le acreditan terrenos en Cozumel que le fueron vendidos a 100 pesos por metro cuadrado, casi el 99 por ciento menor a su costo real.

Otras personas que aparecen, son María de Lourdes Pinelo Nieto, una empleada de su familia y su propia madre, la señora María Rosa Yolanda Angulo Castilla, quien tiene acreditada la compra de terrenos en la isla de Cozumel por 137 pesos el metro cuadrado, casi 15 veces menor al costo comercial.

[b]Van contra ex gobernador y Claudia Romanillos[/b]

Más tarde, en conferencia de prensa en la ciudad de México, el secretario de Gestión Pública, Rafael del Pozo, dio a conocer que se iniciaron acciones para recuperar el patrimonio de los quintanarroenses.

“En el marco del proceso de entrega-recepción, se han iniciado acciones para recuperar el patrimonio de los quintanarroenses, dilapidado durante la anterior administración estatal, a cargo de Roberto Borge Angulo. Entre otras situaciones anómalas, se encontraron irregularidades en la enajenación a particulares de predios de dominio privado propiedad del estado, presuntamente atribuibles a la entonces directora del Instituto del Patrimonio, Claudia Romanillos Villanueva, así como al entonces gobernador Roberto Borge, quien presidía el Comité de Patrimonio Estatal”, precisó el funcionario.

Además de no existir expedientes completos, las enajenaciones presentan graves irregularidades, ya que se realizaron sin respetar la normatividad estatal, sobre todo se fijaron precios de venta muy por debajo del valor real, que en algunos casos no llegaron ni al uno por ciento,

Dichas enajenaciones, detalló, son por un monto de nueve mil 500 hectáreas; es decir, 95 millones de metros cuadrados.

“Para tener una dimensión de esta superficie, equivale a más de seis veces la superficie total de la zona hotelera de Cancún o bien, 24 veces la superficie de Isla Mujeres”.

El porcentaje de reserva territorial vendida por municipio arroja que de Bacalar, 7 por ciento; Felipe Carrillo Puerto, 10 por ciento; Tulum, 20 por ciento; Cozumel, 23 por ciento; Benito Juárez, 36 por ciento; Solidaridad 52 por ciento y Puerto Morelos más del 60 por ciento.

Al acotar que algunos de los beneficiados son accionistas de una empresa naviera operadora de servicio de transporte marítimo del estado que administran personas vinculadas laboral y personalmente con el anterior gobernador y su familia, el secretario afirmó que es de vital importancia que las autoridades comprueben la procedencia de los recursos y su situación ante las autoridades hacendarias, para determinar si dichos accionistas pudieron adquirir predios y barcos.

En tal sentido, por considerar que los hechos pueden encuadrar en diversas conductas ilícitas y dañar el patrimonio de los quintanarroenses, el gobierno estatal, presentó las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del estado de Quintana Roo, instancias que han iniciado las averiguaciones para el deslinde de responsabilidades.

“El gobierno de Quintana Roo tiene un absoluto compromiso con el gobierno; estamos atendiendo el reclamo social de justicia. El que la hace la paga, vamos a generar los recursos de los quintanarroenses para que haya más y mejores oportunidades para todos”, concluyó del Pozo.

[b]Revertir enajenaciones[/b]

El diputado perredista, Emiliano Ramos Hernández, quien preside la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso del estado, dijo que dichas denuncias interpuestas ante las autoridades correspondientes, permitirán al gobierno del estado, revertir las enajenaciones que se dieron de manera irregular.