Deuda y Aguakán, herencia en Solidaridad

Texto y foto: Carlos Águila Arreola
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Jueves 20 de octubre, 2016

Dos hechos relacionados con el municipio de Solidaridad acaparan la atención de los quintanarroenses: la deuda de seis mil 678 pesos, que cada ciudadano tiene al nacer, y la posibilidad de revocar la concesión a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, conocida coloquialmente como Aguakán.

Solidaridad es el municipio más endeudado per cápita del país, con mil 400 millones de pesos, que podría llegar hasta los dos mil millones; tan solo en arrendamientos se rebasó 700 por ciento el presupuesto aprobado, al gastar más de 291 millones 912 mil pesos.

La presidente municipal, Cristina Torres Gómez, anunció que para recuperar la estabilidad económica se creó el Acuerdo de Disciplina Financiera, con prioridades sobre la deuda heredada para tomar las medidas necesarias, e indicó que con la deuda se hubieran comprado 640 mil 840 sillas de ruedas, dos mil 169 patrullas o 513 camiones de basura.

Acusó que en 2015, el ex alcalde José Mauricio Góngora Escalante gastó 117 millones 433 mil pesos en convenios con prensa, superando 265 por ciento los 32 millones 218 mil aprobados para ese rubro, y heredó un adeudo ante el SAT de 32 millones correspondiente a 2015 y 2016, porque se dejó de pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los trabajadores.

En tanto, el tesorero Asunción Ramírez Castillo dijo que se pagaron más de 600 millones de pesos a 73 empresas que presuntamente nunca entregaron bienes o servicios, lo que mermó el pago a proveedores de servicios, como la recolección de basura y seguridad pública, y se registraron sueldos de hasta 100 mil pesos mensuales para entrenadores deportivos.

[b]Revocación[/b]

Al mismo tiempo, en Chetumal, el Congreso de Quintana Roo se dio un nuevo paso para buscar la revocación de la concesión de Aguakán, por considerar que (el contrato) se dio de manera ilegal, violentando la autonomía municipal y con la extralimitación de funciones del entonces alcalde José Mauricio Góngora.

En la exposición, se recordó que la empresa pactó con el gobierno estatal un contrato para brindar el servicio de agua en Solidaridad a cambio de una contraprestación por poco más de mil 55 millones de pesos, “pero se atropellaron los procedimientos porque no se respetó la autonomía municipal y no se realizó ninguna licitación”.

La diputada Beristain Navarrete, señaló que cuando se otorgó la concesión fungía como regidora en Solidaridad, pero no estuvo presente en la sesión en la que se aprobó el acuerdo, dijo que “el contrato es ilegal y debe ser revocado”.

Sobre si el gobierno está obligado a devolver a la empresa el dinero que pagó al gobierno de Roberto Borge Angulo por la concesión, indicó que no.

No obstante, el documento será revisado en una posterior reunión de trabajo de la comisión para determinar el sustento jurídico de la petición para su presentación ante el pleno del Congreso para una eventual aprobación.