Predios invadidos en Tulum, para atrás

Carlos Águila Arreola
Foto: Luis López Soto
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Martes 4 de septiembre, 2016

Tras la invasión de casi 40 hectáreas en dos predios de Tulum, presuntamente auspiciada por grupos ligados a los ex gobernadores Roberto Borge Angulo y Félix Arturo González Canto, el Congreso de Quintana Roo inició el proceso para revertir el remate de predios que benefició a familiares, amigos, políticos y empresarios.

El diputado perredista Emiliano Vladimir Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, demandó investigar la versión de que los ex gobernadores incitaron la invasión en el noveno municipio.

Añadió que ya se solicitó a la aún titular del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE), Claudia Romanillos Villanueva, toda la información de las operaciones realizadas en ese caso.

En cuanto al presunto remate de predios, el legislador perredista dijo que una vez que tengan la documentación, el siguiente paso será promover nuevos avalúos con el Colegio de Ingenieros, para conocer el valor real de los predios: “Eso permitirá conocer el daño financiero que se generó al patrimonio estatal para revertir enajenaciones y fincar responsabilidades”.

El Código Penal, añadió, incluye el delito de daño patrimonial, por lo que buscarán la sanción e inhabilitación de los funcionarios implicados.

Ramos Hernández detalló que “se están pidiendo los títulos otorgados en 2015-2016, junto con los dictámenes con que ponen precio a los predios, más los contratos de compraventa que suscribieron con los particulares, y el acta constitutiva, cuando son personas morales”.

El 17 de agosto, la asociación civil Transparencia por Quintana Roo presentó una denuncia contra el entonces gobernador Roberto Borge por la enajenación irregular de al menos 44 predios del patrimonio estatal.

Entonces, la agrupación estimó que el quebranto sería de alrededor de mil 99 millones de pesos, por venta de predios con avalúos irregulares y a precios menores de su valor comercial, incluso a tasa cero.