Joana Maldonado
Foto: Comunicación Gobierno Q. Roo
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Lunes 3 de octubre, 2016

Con la detención de un Agente del Ministerio Público federal, acusado de corrupción en el caso de la denuncia penal contra Juan Pablo Guillermo Molina, ex Secretario de Finanzas y Planeación en el gobierno de Roberto Borge, se confirma la presunción de diferentes delitos federales en la adquisición de un predio en Yucatán, presuntamente con recursos de los quintanarroenses, afirmó el senador panista Daniel Ávila Ruíz, quien pide a la PGR prontitud en las investigaciones, antes de que los involucrados dejen el territorio nacional.

El pasado viernes, el Diario Reforma informó sobre la detención desde el 25 de agosto de Roberto Carlos Ríos, Agente del Ministerio Público Federal, cuando cobraba un adelanto de soborno, por parte de los abogados de Juan Pablo Guillermo Molina, acusado de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias, desvío de recursos e irregularidades administrativas, en una denuncia interpuesta en febrero de este año por el senador yucateco.

Juan Pablo Guillermo, entre otros funcionarios federales, están siendo investigados por varios delitos en relación a la adquisición de un predio, ubicado en el poblado de Ulila, municipio de Ucú, en Yucatán, que se encuentra a nombre de su hermano Manuel Alberto Guillermo Molina.

En entrevista para [i]La Jornada Maya[/i], el Senador Daniel Ávila investigó, por su cuenta datos sobre el MP detenido ante la PGR en la ciudad de México, lo cual confirma que el ex encargado de las Finanzas del gobierno de Quintana Roo, intentó sobornar a la autoridad para impedir el ejercicio de la justicia, en relación al tráfico de influencias en el vecino estado, con recursos que muy probablemente sean de origen público.

“Extorsionaron o compraron al Fiscal, que estuvo viendo el caso de la denuncia que presentamos por el tráfico de influencias en Yucatán, con recursos presuntamente del gobierno del estado, donde supuestamente su hermano es el que compra cientos y cientos hectáreas ahí en Ucú, cerca de Mérida”, precisó el Senador.

El panista, exhortó a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a Que haya prontitud en las investigaciones porque los involucrados podrían dejar el territorio nacional.

“Adicionalmente creo que ahora que hay un nuevo gobernador, el propio mandatario, por parte de la Auditoría, Finanzas y Fiscalización, habrá una denuncia en contra de la administración pasada (...) El mensaje de Carlos Joaquín fue muy claro al advertir que “caiga quien caiga”, hoy toca al gobierno del estado que dará seguimiento y coadyuvará en las investigaciones, es importante que sigan las investigaciones para que no salga del país”, concluyó.


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