La guerra del agua

Texto y foto: Joana Maldonado
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Viernes 2 de septiembre, 2016

El empresario Sergio Zapata Vales, presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR), una denuncia penal por los delitos de daños a la salud y a inmueble, en contra de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y la Secretaría de Salud (SESA), por distribuir agua no apta para consumo humano.

Zapata Vales, quien se dedica al tratamiento y purificación de agua potable en fraccionamientos y zonas hoteleras, precisó que la denuncia penal, se dirige en contra del Titular de la CAPA, Gustavo Guerrero, al gerente del Organismo operador de la CAPA, Rusbel Arceo Sánchez; el titular de la SESA, Juan Ortegón Pacheco; el director de la Comisión Contra Riesgos Sanitarios, Rafael Alpuche Delgado, y al coordinador de la zona sur de la misma instancia, así como en contra de quien resulte responsable por daños y omisiones.

La denuncia se interpone dado que el órgano operador de agua potable, no cumple con la Norma Oficial Mexicana (NOM) de calidad, de acuerdo a estudios que se realizaron en laboratorios certificados en la ciudad de México, que confirman que el líquido que distribuye la CAPA, no es apto para consumo de las personas.

“Por su dureza, ocasiona problemas en los organismos y dificultades económicas en las instalaciones de nuestras viviendas, pues no se regula la calidad del agua que deberíamos estar recibiendo”, precisó.

[b]Sin concesión[/b]

Zapata Vales negó que esto tenga como fin obtener una concesión para ampliar su mercado, pues solo requiere una validación de la concesión federal que posee, para dar otra opción a la población de dónde adquirir el vital líquido.

“Hoy por hoy, hay diferentes empresas que prestan los servicios y los ciudadanos tienen el derecho de elegir”, explicó Zapata Vales.

No es un intento de privatización, pues al contrario de lo que hizo CAPA con Aguakán, no está intentando la concesión federal a un particular, sino que tiene sus propios pozos y concesión federal para operar.

Acusó que la CAPA, por un asunto de corrupción, se ha negado a extender un documento para validar la calidad de agua, y en consecuencia han creado un problema económico por intereses particulares o ignorancia, pues ha respondido la solicitud con evasivas.
“Somos una empresa apta, llevamos operando seis años órganos privados y la calidad del agua es superior a una NOM 127, tenemos una 201”, precisó.