Inconstitucional

Texto y foto: Joana Maldonado
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Lunes 27 de junio, 2016

El presidente del Colegio de Abogados de Chetumal, Héctor Pérez Rivero, precisó que si bien, las recientes reformas constitucionales derivan de una armonización con la Ley federal para crear la Fiscalía General de Justicia que suple la figura de la Procuraduría General de Justicia, en el marco del Sistema de Justicia adversarial, en Quintana Roo, se sumaron otros aspectos que abonan a la inconstitucionalidad.

La Fiscalía General se creó como un Órgano Constitucional Autónomo, es decir que tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, a diferencia de la Procuraduría que era considerada parte de la administración pública.

“Hablamos casi de la creación de un cuarto poder del Estado de Quintana Roo, y es algo que se debió hacer desde que se implementó el nuevo Sistema de Justicia en la entidad, pero por alguna razón se está haciendo ahora, lo que contraviene aquí y es inconstitucional es la temporalidad y de que tenga un recurso propio, porque al tenerlo sería otro Poder”, expresó.

Un cargo de esta jerarquía, dijo, se concretó con mucha celeridad por parte de la Legislatura, y en suma, se nombró a una persona que fue designada por el Gobernador actual para un cargo que no se podrá cambiar durante el periodo de nueve años.

“Es algo ilógico, porque queda Carlos Álvarez Escalera, sin que el Ejecutivo pueda mandar, es inconstitucional de la forma en que se ha manejado”, expresó.

El abogado afirmó que en otros estados la creación de la Fiscalía aún depende del Ejecutivo en materia administrativa.

Añadió que las atribuciones que se den a un servidor público no pueden exceder el tiempo del Ejecutivo estatal.

[b]Revertir el nombramiento[/b]

Hernán Pérez, expresó que en términos legales, la nueva Legislatura, puede generar un punto de acuerdo para examinar la iniciativa, y en el caso de encontrar alguna deficiencia se puede revertir.

Asimismo dijo, que los ciudadanos que se sientan afectados por esta determinación, pueden recurrir a un medio de control constitucional, para efecto de revertir la Reforma a la Constitución del estado.

Ha trascendido que un grupo de 60 abogados, reúnen firmas ciudadanas para presentar un medio de control constitucional.

[b]Nombramientos que irritan[/b]

La reacción de los abogados se da a la sazón de los nombramientos de Carlos Álvarez Escalera, quien rindió protesta como Fiscal General de Justicia -cargo que será inamovible-, el pasado sábado en una sesión de la XIV Legislatura realizada a puertas cerradas en un hotel todo incluido de la Riviera Maya. El abogado, quien ocupa la titularidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado, desde septiembre de 2015, estará al frente de la Fiscalía hasta junio de 2025, hecho que el Colegio de Abogados considera inconstitucional.

El dictamen aprobado el pasado lunes, también contempla la instauración de un Tribunal de Justicia Administrativa, “dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones”.

“Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales”, cita el Artículo 116 de la Constitución Política del Estado Mexicano.

De acuerdo al dictamen, el Ejecutivo estatal nombrará a tres Magistrados que estarán durante siete años con posibilidad de ser revalidados por un periodo igual. La diputación permanente de la XIV Legislatura que encabeza el priísta Pedro Flota, también tendrá la facultad de ratificar estos nombramientos

Además contempla la creación de una Contraloría Interna de la Fiscalía General, cuyo titular ocupará el cargo durante 6 años; será la diputación permanente, la que nombre en los próximos días al Contralor interno de la Fiscalía.