Reanudan ecocidio en Tajamar

Foto y texto: Carlos Águila Arreola
La Jornada Maya

Cancún
18 de enero, 2016

Ante el reinicio, el sábado por la madrugada, de la devastación de manglar en Malecón Tajamar, autorizada por un juez, activistas y ciudadanos iniciaron la mañana del domingo la recolección de firmas para interponer nuevos recursos legales en instancias internacionales contra lo que califican como “ecocidio”; sin embargo, podrían pasar hasta seis meses en ingresar un amparo.

Durante el día se intensificó la presencia de personas que llegaban a firmar; fue tanta la concurrencia que el ayuntamiento de Benito Juárez implementó un operativo con agentes de tránsito, para sancionar a las personas que se estacionaban para sumarse al rechazo del proyecto turístico, inmobiliario y comercial.

Hasta las tres de la tarde, por falta de papelería, alrededor de mil cancunenses manifestaron su condena en papel por la devastación del lugar.

“Tuvimos que levantarnos porque se nos acabaron las hojas; traíamos dos paquetes de 100, y en cada una cabían cinco firmas. Con el total presentaremos un amparo federal contra el bloqueo al libre tránsito en el malecón”, comentó Raúl Fernández León, delegado estatal de la Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones y Confederaciones de Derechos Humanos.

En entrevista, el jurista advirtió que investigarán quién fue el juez que otorgó el permiso porque “es tremendo lo que hicieron”, y lamentó la forma en cómo ingresaron los camiones de volteo, el personal y las fuerzas del orden porque todo “está podrido”.

Desde la madrugada del sábado, permanecen en los accesos de Tajamar centenas de vallas y más de 100 elementos de la secretaría municipal de Seguridad Pública.

Raúl Fernández anunció que recurrirán a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), primero, y posteriormente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “Se tendrá que esperar la respuesta de la Interamericana”, lo que reconoció que podría tardar hasta seis meses “como mínimo”.

Además, se presentará un recurso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la violación de la suspensión provisional –que se decretó en agosto pasado– contra los trabajos que fueron reiniciados.

Incluso, el delegado de la Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones y Confederaciones de Derechos Humanos refirió que se analiza la solicitud de juicio político contra el alcalde Paul Michell Carrillo de Cáceres por usar a la policía municipal para proteger la devastación en beneficio de desarrolladores privados.

En noviembre del 2015, el juez cuarto de distrito con sede en Cancún otorgó la suspensión definitiva de las obras en beneficio de 113 niños que promovieron un amparo contra la devastación alegando su derecho a un ambiente sano; pero también fijó una fianza de 20 millones de pesos para resarcir a los inversionistas, como terceros afectados.

Malecón Tajamar, es un proyecto turístico-inmobiliario de 70 hectáreas de superficie, de las que 58 se urbanizaron, lotificaron y se vendieron. En agosto pasado fue clausurado luego de una protesta y queja escrita de más de 100 niños alegando su derecho a un medioambiente sano.

En el predio, que colinda con la laguna Nichupté y la zona de manglares del mismo nombre, se edificaría la basílica católica de Cancún, un desarrollo comercial, estacionamientos y oficinas de 50 mil metros cuadrados; otros dos proyectos de negocios, una zona residencial de tres mil 600 viviendas; torres condominales; en total son 22 proyectos.

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