Renta de vientres, negocio que emplea a las mujeres más pobres

Joana Maldonado
Foto: Captura de pantalla
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Lunes 10 de diciembre, 2018

La renta de vientres en Quintana Roo es una realidad que se ha extendido desde hace varios años y que se hace legítima aunque no regular desde el pasado mes de noviembre, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció a favor de una pareja homosexual para registrar a un menor, producto de la subrogación de vientre. El principal mercado es el extranjero, pues entre los requisitos para participar en ello, se encuentra “tener Visa”.

Para Yunitzilin Rodríguez, del colectivo Marea Verde Quintana Roo, la principal crítica que se le hace a este tipo de explotación del cuerpo y la capacidad de gestar de las mujeres es que nuevamente es utilizada y sobre todo a las más pobres.

“Habría que ver en las estadísticas cuántas mujeres de nivel económico alto acceden a gestar a un hijo que no va a poder criar solo por ayudar a otros. Es un negocio en el que el principal objeto es un cuerpo, el de la mujer”, aseveró.

Esto se ha convertido en una práctica común en todo el país, no obstante, dijo, “bajo un principio general del derecho que señala que los ciudadanos y ciudadanas podemos hacer todo aquello que no nos esté prohibido por la ley, y bajo esa premisa habría que decir que lo que se firma con la madre sustituta es un contrato atípico o innominado -porque no está previsto específicamente por la norma- que en estricto sentido no está prohibido”.

[b]Negocio difundido en Facebook[/b]

Mediante Facebook, una publicación muestra un anuncio de “solicitamos madres sustitutas, mujeres que deseen apoyar a familias a cumplir sus sueños a cambio de una compensación”. Para este fin, enlistan una serie de requisitos como contar con preparatoria terminada, pasar un examen psicológico, estudios de laboratorio, no estar casada, contar con Visa, asistir una vez al mes al ginecólogo, y al nutriólogo.

El contratante, ofrece 10 mil pesos como pago en una primera transferencia de embrión que cubren los gastos hasta que se logre el embarazo y posteriormente 15 mil pesos con la prueba de embarazo positiva; 25 mil pesos en la semana 8, otra cifra similar a la semana 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 y finalmente 75 mil pesos el día del parto. En total son 325 mil pesos, además de un seguro de vida y gastos médicos. Es un negocio en el que el principal objeto es un cuerpo, el de la mujer.

Sin embargo, añadió, viendo la situación con una perspectiva de género, habría que decir que las mujeres que aceptan someterse a una maternidad subrogada generalmente son de recursos escasos que acceden al procedimiento por una necesidad, la cual es aprovechada por empresas intermediarias que le cobran a los futuros padres y madres una cantidad exhorbitante que puede costarle a los futuros padres hasta dos millones de pesos.

Afirmó que en Tabasco por ejemplo, que es donde estaba regulado, las empresas contactaban a las madres sustitutas, las encerraban en casas durante la gestación, las alimentaban y mantenían reclusas hasta que nacía el producto. “En algunos casos cuando el producto nació con una malformación, el bebé ya no fue deseado y se lo dejaron a la madre sustituta, y así, se dieron casos diversos en los que se demostró que la madre sustituta era considerada como un objeto, dejando al lado la dignidad”, señaló.

Una actividad normalizada que se difunde incluso en grupos de venta en redes sociales, la renta de vientre mediante la fecundación in vitro, se ha convertido en un negocio redondo que satisface la ilusión de personas y parejas que no pueden tener hijos. Se sabe incluso, que el mercado de renta se extiende en un comercio internacional, por lo que incluso extranjeros llegan al país para subrogar vientres.

El mes pasado, la SCJN se pronunció a favor de una pareja de homosexuales, quienes interpusieron un recurso de revisión a un amparo que había resuelto previamente dado que no se había acreditado que el menor se había concebido bajo esta práctica.

La Corte consideró que se debía garantizar el derecho del niño a tener una identidad y ser inscrito en el Registro Civil, así como el derecho de la pareja a su vida privada y procrear mediante técnicas de reproducción asistida, y la madre al libre desarrollo de su personalidad.

Desde hace al menos dos años, el Senado se posicionó en contra de esta práctica, dada la clandestinidad de los casos, pues se trata de un asunto no regulado.