Avalan reforma del Artículo 96 de la Constitución del estado

Joana Maldonado
Foto: Congreso del estado
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Miércoles 10 de octubre, 2018

Con el voto en contra de la diputada priísta Leslie Hendricks Díaz, la XV legislatura avaló, por mayoría, la reforma al Artículo 96 de la Constitución del estado, relativo a eliminar el requisito de residencia efectiva mínima de 5 años para los aspirantes a encabezar la Fiscalía General, y a favor de abrir la convocatoria para que la ciudadanía en general presente sus propuestas.

Con 21 votos, la reforma presentada por el diputado Jesús Zetina, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, fue aprobada por el pleno durante la sesión ordinaria de este miércoles buscando mayor apertura al proceso de designación de Fiscal General del Estado, al “despartidizarlo” y tener la posibilidad de que el Congreso pueda realizar una convocatoria abierta a la sociedad civil para que presenten propuestas.

De acuerdo con el dictamen, se eliminó el requisito de oriundez y residencia para establecer que además de ser ciudadano mexicano por nacimiento, las personas interesadas en ocupar el cargo de Fiscal General deben contar con residencia en el país.

También, se avaló la homologación del procedimiento de integración de la lista de candidatos al cargo de Fiscal General del Estado, al previsto en la Constitución Federal, eliminado la disposición que establecía que la presidencia de la Legislatura o de la Diputación Permanente, convocará a los grupos parlamentarios para que presenten hasta dos propuestas para el cargo.

Esta modificación permitirá, abrir el procedimiento a las organizaciones de la sociedad civil y de profesionistas, según determinen los integrantes de la Legislatura.

Eduardo Martínez Arcila destacó en su intervención que con este aval, Quintana Roo no es el primer estado que elimina el requisito de residencia para el cargo de Fiscal General, pues en la gran mayoría del país no es exigible este requisito.

De acuerdo con un análisis elaborado por el Instituto de Investigaciones Legislativas, los estados de la República donde no se exige el requisito de residencia para dicho cargo son: Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

De acuerdo al procedimiento legislativo correspondiente, la minuta constitucional será turnada a los once ayuntamientos del estado para que sea sometida a consideración de sus respectivos Cabildos. Para su decreto se requiere el voto de siete de los 11 municipios.

Cabe precisar que, de aprobarse la minuta por la mayoría de los ayuntamientos, la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el [i]Periódico Oficial[/i] y entonces la Legislatura contará con un plazo de diez días hábiles para iniciar el procedimiento de designación de Fiscal General, integrando una lista de candidatos aprobada por las dos terceras partes de los integrantes de la XV Legislatura.

En tribuna, la diputada Leslie Hendricks expuso que éstas no podrían regir el proceso actual de designación del Fiscal General del Estado, pues este proceso se inició a raíz de la renuncia del Mtro. Miguel Ángel Pech, efectiva desde el pasado primero de octubre.

Detalló que todo el proceso de selección del Fiscal General, hasta su culminación se regirá, en consecuencia, por las leyes vigentes al momento de la renuncia; de tal forma, que aún y cuando se modificara la Constitución en el sentido que pretende esta iniciativa, el nombramiento del nuevo fiscal y su periodo lectivo, se regirá por las leyes vigentes hasta ese momento, es decir, estaríamos ante un caso similar al que también se discutió ampliamente en este Congreso para el nombramiento del actual Auditor Superior del Estado.

[b]Ley de Salud Mental[/b]

En la misma sesión, se dio lectura a la iniciativa para crear la Ley de Salud Mental del estado, presentada por la diputada Sonia López Cardiel, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social y el diputado José Luis González Mendoza, presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico.

La propuesta de ley tiene como finalidad establecer las bases generales para regular lo relacionado con los servicios de salud mental en la entidad, acorde a las necesidades psicológicas y psiquiátricas; con una visión humanista en concordancia con los diversos criterios en materia de derechos humanos y contemplando funciones para el fomento, promoción y evaluación de la salud mental.

Además, se pretende instaurar en todas las unidades que brinden servicios de salud pertenecientes a la Secretaría, espacios destinados para la atención de la salud mental de aquellas personas que presenten trastornos mentales, previa valoración médica.

La iniciativa es el resultado de un trabajo coordinado con los distintos colegios, asociaciones, entes de gobierno y organismos autónomos en el estado, que va encaminado a reflejar un panorama objetivo y claro en cuanto a las acciones que deben de implementarse para garantizar la salud mental de la ciudadanía.