Nueva Ley de Adquisiciones en QRoo será sometida a consulta

Joana Maldonado
Foto: Facebook CGC QRoo
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Lunes 1 de octubre, 2018

El titular de la Oficialía Mayor de Quintana Roo, Manuel Alamilla Ceballos, anunció que el proyecto de la nueva [i]Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios [/i]se someterá a consulta pública, dado que la actual ley está vigente desde hace 20 años, y se encuentra obsoleta.

Declaró que al inicio de la presente administración era urgente adecuar diversos lineamientos y manuales, sin embargo, el reto más importante es el marco legal para realizar las contrataciones públicas, dado que la ley actual es de hace casi dos décadas.

Indicó que la actual [i]Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios[/i] no está alineada a la ley federal, y tampoco cuenta con un reglamento que permita definir la manera correcta de cómo hacer procesos de contrataciones, lo que abre 'amplias posibilidades para abusos y corrupción'.

Detalló que el gobierno del estado está confeccionando una iniciativa que se fortalece a partir de reuniones que se han hecho con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), el Instituto Nacional de Acceso a la Informació (Inai), la Comisión Federal para la Competencia Económica (Cofece); así como con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Finanzas del Estado de México, [i]Ciudadanos por la Transparencia[/i], entre otras asociaciones civiles y organismos empresariales a nivel local y nacional.

En este sentido, Alamilla Ceballos anunció que en seguimiento a las políticas de transparencia y gobierno abierto de esta administración, y debido al interés que el tema ha despertado, se abrió este lunes una consulta pública y abierta, para el nutrir el proyecto de la nueva ley.

“Dicho proyecto ya se encuentra disponible en la página web de la Oficialía Mayor para ser descargado, revisado y analizado. Estaremos atentos para recibir e incorporar los comentarios y recomendaciones que haga la ciudadanía”, precisó.

Añadió que se ha trabajado de manera complementaria en el desarrollo de acuerdos, decretos y lineamientos que permitan actualizar y fortalecer aspectos de la vida administrativa del gobierno, como estructuras orgánicas, condiciones laborales, control y orden de recursos humanos y materiales, así como la transparencia en los ingresos.

Aseguró que el 100 por ciento de la administración pública ha sido capacitada en el [i]Sistema de Análisis y Valuación de Puestos[/i], en el que se está construyendo un catálogo general de puestos, que facilite la coordinación entre las instituciones; para que funcione como “vehículo administrativo” a favor de un servicio profesional de carrera.

También, destacó que después de más de una década, se actualizó el tabulador de sueldos, que se hallaba ajeno a la realidad y no funcional.

“Este nuevo tabulador pone orden a la situación administrativa sin perjuicio salarial al personal y se pasó de 39 a 224 categorías de plazas, lo que brinda mayor certeza, mayor precisión, justicia y transparencia en la asignación de sueldos", dijo.

[b]Renovada política de arrendamientos[/b]

“Renovamos completamente nuestra política de arrendamientos. Establecimos nuevas reglas para la contratación de los edificios para uso de las oficinas; estandarizando precios por metro cuadrado de acuerdo a la zona de ubicación y la funcionalidad del bien inmueble. Realizamos también acciones de mejora regulatoria para la renovación de los contratos de arrendamientos, antes se necesitaban 16 documentos, hoy en día solamente dos”, explicó.

Afirmó que en virtud de las medidas de austeridad y disciplina financiera en el ejercicio del gasto público, tales como una disminución considerable en la elaboración e impresión de lonas, telefonía celular, arrendamiento de edificios y un consumo racional, eficiente y eficaz en servicios básicos como agua y energía eléctrica; se redujo el 56 por ciento de la administración pasada al primer período de gobierno actual, y un 24 por ciento adicional a lo ya ejercido en el período pasado en gastos operativos servicios personales, materiales y suministros y servicios generales.