Texto y foto: La Opinión QRoo
La Jornada Maya
El titular de la Fepade, Héctor Díaz-Santana, informó que ese organismo ha conseguido que se giren órdenes de aprehensión contra funcionarios de Institutos Electorales estatales por atentar contra los derechos políticos de mujeres que laboran en esas instancias.
Adelantó que han obtenido la orden de aprehensión contra integrantes de los Órganos Públicos Locales Electorales (Oples) de Quintana Roo y Guerrero.
“Como están judicializadas (las carpetas de investigación), se los puedo decir: son en contra de funcionarios de los mismos Institutos Electorales”, comentó tras inaugurar la Mesa de Trabajo en Materia de Violencia Política contra las Mujeres.
El funcionario abundó que, a lo largo del actual proceso electoral, la Fiscalía ha recibido 28 denuncias por agresiones a los derechos políticos de mujeres en el ámbito federal.
Detalló que, tomando en cuenta las cifras desde 2016, las denuncias llegan a 200 casos.
Indicó que las entidades donde ocurre una mayor incidencia de estas agresiones son Chiapas, Veracruz y el Estado de México.
Tras una reunión con legisladoras y funcionarias que encabezan políticas de equidad de género, el Fiscal Electoral indicó que la violencia política contra las mujeres no está tipificada a nivel federal, lo que dificulta la atención del delito.
“No existe un tipo penal de violencia política a nivel federal, pero nosotros estamos trabajando, desglosando la ley en materia de delitos electorales, hay 200 tipos de conductas diferentes y esas conductas estamos asociándolas a las prácticas recurrentes que pueden ser constitutivas de violencia política de género”, expuso.
“Lo importante es que, desde el momento en que la Fiscalía empieza a investigar, es un acto de carácter inhibitorio, por eso tenemos que ser muy rápidos para reaccionar y seguir colaborando para bajar una posible escalada (de la violencia)”.
El funcionario destacó que la Fiscalía colabora con las áreas de atención a víctimas de los Gobiernos estatales.
“Estamos trabajando con las áreas de atención a víctimas para el tema de medidas cautelares y, en su caso, cuando exista una agresión extrema, sí pedir a los cuerpos de seguridad del estado la protección a las mujeres que puedan ser violentadas”, describió.
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