Joana Maldonado
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Martes 13 de marzo, 2018
De 2011 a 2016, el gobierno de Quintana Roo contrató créditos a corto plazo por más de 506 millones de pesos (mdp) en donde se identificaron faltas administrativas graves de ex servidores públicos que se presume desviaron recursos por 2 mil 428.4 mdp; además, suscribió contratos crediticios con una empresa que ocasionó daños en la hacienda pública por casi mil mdp, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En el informe del Resultado de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 elaborado por la ASF, se precisa el estado de la deuda por efecto de la práctica de la auditoría en la que además se establece que el gobierno borgista requirió servicios de asesoría financiera para la reestructuración y refinanciamiento de su deuda pública en 2016 por los que pagó 103.6 mdp.
En este periodo, se suscribieron 144 contratos con instituciones financieras de deuda quirografaria mediante operaciones de crédito a corto o medio plazo, en las cuales la persona física o jurídica deudora se compromete a reembolsar el importe prestado más los intereses acordados por ambas partes mediante su firma en un pagaré por 38 mil 811.3 mdp a plazo no mayor a 180 días.
Esto originó un remanente de 13 mil 277.5 mdp que se refinanció a largo plazo e impactó negativamente las finanzas públicas.
Además, pagó un millón de pesos de intereses moratorios por el incumplimiento en el pago de capital de la deuda, no liquidó obligaciones a corto plazo antes de tres meses antes de que concluyera el periodo de gobierno de Borge y no solicitó la devolución del fondo de reserva por 5.5 mdp una vez liquidadas las obligaciones, monto que se recuperó hasta julio de 2017.
El gobierno “firmó contratos de gestión interna y mantenimiento con una institución financiera por créditos a corto y largo plazos (…) se aceptaron condiciones distintas a las ofrecidas por otras instituciones, lo que afectó su patrimonio en 961 mdp”.
La ASF afirma que como resultado de la auditoría, se recuperaron 38.6 mdp “relacionados con los incrementos de dicha comisión que la institución financiera debió reembolsar como resultado del refinanciamiento de la deuda”.
La ASF colocó a Quintana Roo como una de las 15 entidades que no cumplieron con el principio de sostenibilidad establecido en la ley.
Asimismo, se ubica entre las 8 entidades en las que el monto del costo financiero que se cubrió con Gasto No Etiquetado (GNE) fue mayor que el balance primario de recursos disponibles.
“En consecuencia, cuando el monto del costo financiero es mayor que el del balance primario, significa que, en el ejercicio fiscal respectivo, la diferencia negativa entre estos dos conceptos se cubrió con deuda pública”.
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