Joana Maldonado
Foto: Vocero QRoo
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Lunes 26 de febrero, 2018

Por más de seis décadas, los habitantes de las comunidades de San Antonio Soda y Caobas, ubicadas en la zona limítrofe entre Quintana Roo y Campeche, habían vivido carentes del servicio de agua potable, problema que había sido heredado de las administraciones pasadas que desoyeron incluso un ordenamiento federal.

Este lunes, el gobernador Carlos Joaquín inauguró el Sistema Integral de Abastecimiento de Agua Potable en este lugar que deja el precedente para que más comunidades puedan beneficiarse a un corto plazo.

Los habitantes de San Antonio Soda y el poblado vecino de Caobas recibieron al mandatario, quien inauguró, junto con el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa), Gerardo Mora Vallejo, el Sistema de Abastecimiento, en la que el gobierno del estado invirtió 50 millones 930 mil pesos y que beneficiará a mil 914 habitantes de estas dos localidades.

La obra comprende 14 kilómetros de acueducto, dos pozos de extracción, 22 kilómetros de red de agua potable, 2.4 kilómetros de red eléctrica y dos tanques de regulación.

Jorge Salinas Jiménez, habitante del lugar, agradeció gobernador cumplir con la promesa de crear esta infraestructura que permita llevar agua hasta sus hogares y que sus padres y abuelos que iniciaron la lucha no lo pudieron ver, pero que será un legado que se deje a las niñas y niños del lugar.

El gobernador señaló que “El agua es uno de los principales motores de la salud pública, al garantizar el acceso al agua salubre avanzamos en la disminución de desigualdad profundizada por gobiernos anteriores que abandonaron a la gente para privilegiar algunos cuántos”.

Al acto de entrega, le antecedió la proyección de un video que mostraba a los habitantes de San Antonio Soda y Caobas celebrando que el gobierno haya mostrado voluntad para garantizar el abasto de agua potable que antes no había sido resuelto.

El gobernador dijo que se cumplió un largo anhelo de los habitantes de esta zona y además, deja lista una red de abastecimiento para seguir creciendo y dotando del vital líquido a otras comunidades cercanas.

Admitió que aún existen otros ejidos que no cuentan con este servicio.

[b]Programa 300 pueblos[/b]

“Cuando sacas las cuentas per cápita de lo que inviertes, se eleva mucho, pero es una obligación que lleguemos a hacer esa infraestructura y es importante ampliar esa red y también la de energía eléctrica que nos está haciendo falta dentro del Programa 300 pueblos en el que se pueden incluir programas de vivienda, pavimentación, de mejoras en los centros de salud y escuelas”, señaló.

Acotó que hay muchas escuelas en las comunidades que carecen de propiedad de la tierra, es decir que no son propiedad del estado o que lo son, pero que no está formalizado como tal, lo que impide la inversión.

[b]Antecedentes legales y limítrofes[/b]

Dicha obra tiene como antecedente una demanda de amparo iniciado el 1 de septiembre de 2015 por los propios habitantes de la comunidad de San Antonio Soda mediante el perredista Andrés Blanco Cruz, ya que al ubicarse en una zona limítrofe, y teniendo muchos de ellos credenciales del Instituto Nacional Electoral con domicilio fijado en Campeche, ningún gobierno cumplía con la obligación de dotar de agua a los lugareños.

El 24 de febrero de 2016, el juez primero determinó resolver el expediente 575/2015 emitiendo una sentencia a favor y ordenando al Congreso del estado, entonces la XIV Legislatura, aprobara una partida presupuestal para que el estado pudiera abastecer de agua potable a los habitantes del lugar, lo que además supone el reconocimiento de la comunidad en litigio territorial como quintanarroense.

Pero la Capa de la administración borgista y el Poder Legislativo presidido por Pedro Flota Alcocer promovieron un recurso de revisión constitucional. El 23 de junio de 2016 el segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito conforma la sentencia previa y en septiembre de 2016, el Congreso del Estado modifica el presupuesto de la CAPA y pide destinar 50.93 millones d pesos para la obra.

En febrero de 2017, el juez requiere a la Secretaría de Finanzas y Planeación acatar la sentencia de amparo e inician las obras que este lunes fueron inauguradas.


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