Joana Maldonado
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Viernes 27 de diciembre, 2019

Un promedio general de 6.40, calificación considerada “aprobatoria con alerta”, es la evaluación que tienen los cuatro centros penitenciarios en Quintana Roo arrojados en el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria 2019 que elaboró la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo.

Dicho diagnóstico, cuyos resultados se hicieron públicos este jueves, revelan las calificaciones a los Centros de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal, Benito Juárez y Cozumel así como el Centro de Retención Municipal de Solidaridad que en promedio obtienen un 6.40, superior en .40 puntos en comparación a 2018.

En el diagnóstico fueron evaluados en una escala del uno al diez los siguientes aspectos: los que garantizan la integridad física, los que garantizan una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social y grupos de personas con requerimientos específicos.

Los resultados se obtuvieron luego de aplicar mil doscientas encuestas a la población privada de la libertad de los cuatro centros penitenciarios entre septiembre y octubre, así como entrevistas al personal técnico y administrativo de las cárceles.

El Cereso de Cancún obtuvo la calificación más baja, un 5.88 clasificada como reprobatoria; le sigue Solidaridad con 5.90 también reprobatoria, mientras que Chetumal tuvo 6.63 (aprobatoria con alerta) y Cozumel, por segundo año consecutivo la evaluación más alta con un 7.18, es decir, aprobatoria.

El mismo diagnóstico en 2017 arrojó un promedio de 6.04 que en 2019 se redujo a 6.0 y este año se incrementó .40.

En el caso del Cereso de Chetumal, la evaluación más baja es en el rubro de atención a grupos de personas con requerimientos específicos con 5.83; mientras que en los que garantizan la integridad física alcanzó la más alta con 7.30; los que garantizan una estancia digna, un 6.36 y en condiciones de gobernabilidad, 6.75 y 6.89 en reinserción social.

Básicamente la calificación reprobatoria obedece a la escasa atención a la población LGBT y a personas con adicciones.

En casi todos los casos, las observaciones apuntan hacia una deficiente atención por falta de personal médico y de enfermería, así como la inexistencia o escasez de medicamentos, infraestructura, entre otras; además de falta de mantenimiento, alimentación deficiente y falta de higiene.
También se observó la falta de instalaciones apropiadas para el desarrollo de actividades que propicien la reinserción social, tales como talleres, aulas y áreas deportivas debidamente equipadas, personal técnico y administrativo que las opere, situación que se remarca aún más en los centros que albergan mujeres.

El Diagnóstico incluye propuestas dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública para la mejora de estos centros, que van precisamente enfocadas a estos problemas detectados.

Marco Antonio Toh Euán, presidente de la Cdheqroo indicó que se propuso la construcción de un centro de reinserción social exclusivo para mujeres e implementar acciones, ajustes razonables o políticas públicas que visualicen su atención con un enfoque en perspectiva de género y derechos humanos.

Anticipó que durante el primer trimestre de 2020 se emitirá un diagnóstico sobre mujeres privadas de su libertad. Ello en razón de que se advierte que la vulneración de derechos humanos en estos centros son más marcados para las mujeres, pues no existe igualdad de condiciones para la realización de actividades que se establecen en el centro para la reinserción social, como por ejemplo instalaciones acordes a la normativa mínima indispensable.



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