Joana Maldonado
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Miércoles 23 de octubre, 2019
El estado de Yucatán debe elegir una acción de límites o de invalidez en contra del decreto 303 publicado por Quintana Roo en relación a los límites territoriales, pues esta resolución contribuiría a modificar la suspensión que dictó el ahora ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Eduardo Medina Mora cuando Yucatán lo solicitó.
A finales de septiembre, Quintana Roo presentó un recurso de reclamación en el que solicita revocar el auto de admisión de la demanda promovida por Yucatán para que dicha entidad determine si solicitó una acción de invalidez de normas en relación al decreto 303 o una acción de límites territoriales, ya que es improcedente presentar las dos acciones en una misma demanda.
El 27 de septiembre se dio entrada a dicho recurso de reclamación cuyo expediente es 165/2019 y número de registro 033921 y corrió traslado a la Fiscalía General de la República (FGR) y Consejería Jurídica del gobierno federal.
Este miércoles, la Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos de la XVI Legislatura, que preside el diputado Gustavo Miranda, del Partido Verde Ecologista de México, conoció sobre la controversia constitucional 226/2019 que presentó el estado de Yucatán en contra de la entidad, cuyo origen es el decreto 303 aprobado por la anterior Legislatura, relativo a los límites territoriales del estado.
Cabe señalar que el 14 de junio de este año Yucatán promovió la controversia que fue turnada el pasado 20 de junio al ministro instructor con el expediente 226/2019 y el 7 de agosto se previno al estado vecino para determinar la materia de impugnación de la controversia.
El pasado 20 de agosto fue admitida la controversia y el 2 de septiembre se notificó a Quintana Roo. Posteriormente el 10 de septiembre Quintana Roo interpuso un recurso de reclamación por conducto de la Consejería Jurídica y realiza una reconvención el 15 de octubre.
En el caso de los requerimientos derivados de la prevención a Yucatán, les fue solicitado que demuestren superficie, coordenadas gráficas, límites e intersecciones estatales que establece que por derecho pertenece, además les solicitaron la superficie y coordenadas geográficas y límites de los municipios de la demanda y que remita el mapa de la superficie que aduce que le corresponde.
[b]Municipios afectados[/b]
Los municipios afectados son Chemax, Valladolid, Chichimilá, Tixcacalcupul, Chikindzonot, Peto, Tzucacab y Tekax, por lo que se presentó como tercero interesado el estado de Campeche en contra de los tres poderes del estado.
La demanda es en relación a las consecuencias y actos subsecuentes que se hayan originado y sigan originándose con motivo de la aplicación y observación del decreto y cuya invalidez se demanda; mientras que del Poder Legislativo, se demanda el haber impulsado hasta su publicación la reforma constitucional, y todos aquellos actos derivados del decreto; del Poder Ejecutivo, invalidez de la sanción, promulgación, y publicación del decreto, así como del mapa oficial de referencia geográfico publicado el 19 de abril de 2019.
En tanto que, al Poder Judicial se demanda la invalidez de sus atribuciones y de su jurisdicción y competencia que de inmediato tendría sobre la franja territorial del decreto.
El incidente de suspensión fue promovido por el ministro, Eduardo Medina Mora -que renunció el pasado 3 de octubre- y dentro de los acuerdos de suspensión establece que los municipios afectados deben abstenerse de crear nuevas autoridades en sus localidades, ya sea hacendarias, o de seguridad pública, además de que ninguno de los dos estados podrá realizar actos formales o materialmente ampliar o modificar los límites territoriales o la jurisdicción que conserva.
En el recurso de reclamación presentado por Quintana Roo, se le pide a la SCJN que a través de una de sus salas revoque el auto de admisión, alegando que son dos acciones incompatibles.
“No puede manifestar como un agravio a su territorio si no ha contribuido para enfocar la defensa de su territorio, no se ha resuelto, aún está en trámite, el presidente de la SCJN dictó un acuerdo para dar vista a Campeche y a los municipios afectados (…) Es evidente de que subyace un conflicto territorial, pero Yucatán debe elegir una acción, o de límites o una de invalidez en contra del decreto, esta resolución contribuiría a modificar la suspensión que dictó el ministro cuando Yucatán lo solicitó”, señaló un abogado.
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