Consultas como las del Tren Maya deben ser de las comunidades: Leydi Pech

Joana Maldonado
Foto: Twitter @ASLRRA
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Domingo 7 de abril, 2019

Las consultas públicas son instrumentos planteados para resolver algún problema, pero no son un “mecanismo adaptado para (los pueblos originarios). Sería muy distinto que saliera desde las comunidades.
¿Cómo es que la misma autoridad que viola mi derecho, viene y me pregunta? Eso no podrá resolver el problema nunca (…) El problema es que se proyecta un programa sin gente, como si no existiéramos”, señaló Leydi Pech, activista maya de Holpechén en el estado Campeche, durante el quinto Festival de Arte Independiente de Bacalar, que este año dedica su edición al Deba-Tren Maya.

Respecto al proyecto ferroviario, señaló que ellos tienen una cultura a partir de la que se conforma una identidad y una forma de ver las cosas, además de una enseñanza milenaria de manejo sustentable y de conexión con el entorno, por lo que antes de ver la parte económica o de “desarrollo”, ven la vida y el cuidado de la naturaleza como lo han aprendido de sus abuelos.

Sobre la experiencia de su pueblo en la lucha contra la siembra de soya transgénica en la región, “no funcionó porque no se hicieron los estudios de impacto ambiental (…) No fue libre ni de buena fe, nos tardamos en entender ese instrumento, qué quería decir y de qué trata, no es lo mismo que uno piense en español a como lo entendimos, nos llevó un tiempo y nos dimos cuenta que no funciona porque no se apega a las costumbres. La consulta inició defendiendo el interés del proyecto y los empresarios”, declaró.

Los representantes del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) que fueron los encargados de elaborar la consulta, pedían las actas que los avalen como representantes, pese a que se guían en su organización por usos y costumbres. “Dijimos, ‘si tú me estás obligando, entonces ¿en dónde queda mi autodeterminación?’ Nos fortaleció porque nos permitió unirnos, generar un plan y dialogar entre nosotros”, declaró la activista.

[b]Obligación del gobierno federal[/b]

Por su parte, el director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Gustavo Alanís Ortega, señaló que “no podemos permitir que proyectos como éstos se intenten saltar los procedimientos, como ya ocurrió en el caso de la refinería. Talaron 220 hectáreas sin contar con una autorización impacto ambiental y sin el cambio de uso de suelo”.

Antes de concretar el inicio del proyecto del Tren Maya, el gobierno federal deberá cumplir con una serie de medidas que están dispuestas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como una consulta en los pueblos indígenas y una reunión informativa, si ésta fuera solicitada; en caso contrario, se podrían promover medidas legales que le obliguen a cumplir con los procedimientos.

La evaluación de impacto ambiental debe realizarse por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a partir de este estudio se deberá realizar una consulta con los pueblos indígenas y una reunión informativa con los interesados y aunque esto último no es obligado, es posible.

“La Semarnat podrá hacerlo si la consulta es solicitada después del manifiesto de evaluación (…) la consulta indígena es obligada cuando hay presencia de pueblos y comunidades indígenas, tienen que someterlo al procedimiento de impacto ecológico, está obligados a someterlo” precisó, lo cual ocurrirá cuando se tenga la concreción del proyecto, pues a la fecha es “una ruta imaginaria”.

Afirmó que la Semarnat deberá tomar en cuenta los usos de suelo a nivel regional y local, así como los Ordenamientos Ecológicos de los tres órdenes de gobierno que considere las 15 Áreas Naturales Protegidas federales y 20 estatales que se encuentran en esta región en la que resalta la Reserva de la Biósfera y la región geohidrológica de anillos de Yucatán así como las distintas normas y convenios de protección de especies de flora y fauna.

[b]Desde el punto de vista jurídico ambiental[/b]

Independientemente de los espacios de participación establecidos en la Ley, el artículo 189 habla de la figura de denuncia ambiental cuando se considera que alguien viola una Ley, señaló Gustavo Alanís.

Además, dijo, será importante observar qué rol va a jugar una institución como la Profepa, pues el gobierno federal es juez y parte de este proyecto, además de vigilar que garantice que los defensores ambientales hagan bien su trabajo y sin intimidación.

Se puede promover un juicio de nulidad o un amparo en caso de que la federación viole los procedimientos marcados por la ley ambiental. “Hay muchos espacios para incidir, pero el primero es el momento en el que se haga el procedimiento de impacto ambiental, pedir la consulta y luego la reunión pública de información y si la autoridad no lo toma en cuenta podemos pensar en el recurso de revisión, en el recurso de nulidad y el amparo”, señaló.