No hay dinero en Fonatur para indemnizar a inversionistas de Tajamar

Carlos Águila Arreola
Foto: foodandtravel.mx
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Jueves 28 de febrero, 2019

El 90 por ciento de los propietarios de terrenos en malecón Tajamar insisten en que se tiene que preservar el estado de derecho porque “la resolución de la Corte sólo fue para unos cuantos predios” –por ejemplo, para los de la firma italiana Bi&Di, la que devastó–, han optado por esperar y piden que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Corte revisen el caso.

Miguel Ángel Lemus Mateos, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe se dijo sorprendido y calificó de unilaterales las declaraciones del director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons el lunes pasado, en cuanto a que “sería muy difícil que el proyecto se fraccionara como estaba planeado originalmente”.

Además, criticó el mensaje del titular del Fonatur a los dueños de lotes para esperar el resultado de estudios y saber cuánto es lo que “no vemos cómo se podría resarcir el daño a los inversionistas porque no hay recursos” (en el Fonatur); incluso, dijo que sólo el primer cálculo de tres mil a cuatro mil millones de dólares para indemnizar, significaría “la quiebra técnica” del organismo turístico.

“Creemos que todavía hay instancias legales que se pueden seguir, y Tajamar, para ciertos propietarios de predios, se va a seguir dando el litigio correspondiente para lograr la certeza jurídica de sus lotes. Hay algunos que ya dijeron a mí que me paguen, como (Francisco) Pancho Córdova (Lira), y está bien, están en su derecho
”En cuanto al número de propietarios que optan por irse “hasta las últimos consecuencias, yo creo que 90 por ciento insisten en que se tiene que preservar el estado de derecho; son compradores de buena fe y piden que la Suprema Corte de Justicia (de la Nación) revise el caso, lo mismo que a la Semarnat.

Al respecto, Lemus Mateos señaló que el domingo pasado, en Chetumal, se reunió con la titular de la Semarnat, la académica y ecologista Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, quien le habría dicho que estaba entrando y que él diera tiempo para revisar porque carecía de los elementos suficientes para pronunciarse.

El empresario inmobiliario precisó que el tema está en la Corte, y recordó que hay dos sentencias: una a la Semarnat, en la que se le ordena ya no dar más permisos –y la otra para restaurar el sitio–, “pero como le dije a ella (a la secretaria González-Blanco Ortiz-Mena), la secretaría puede hacer un nuevo acto de autoridad y modificar la ley”.

Y explicó: “La Semarnat puede solicitar la modificación de la llamada Ley del Mangle (Ley General de Vida Silvestre) al Congreso a como estaba antes, que sería ideal para nosotros, que era por compensación (en referencia al desmonte) o puede ejecutarse la sentencia mediante compensación económica para los terrenos afectados, porque no fueron todos, sólo fueron tres o cuatro”.

Miguel Ángel Lemus sostuvo que los demás predios tienen Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), licencia de construcción y todo, y están esperando que el tema se resuelva por la vía del derecho porque la mayoría de propietarios no han sido llamados a juicio, “no les han permitido entrar a juicio”, sostuvo.
“Seguimos en la postura de que hay que defender el estado de derecho para generar más inversiones, certeza jurídica y a la inversión, y para las zonas turísticas la revisión de las zonas de humedales y manglares; tenemos millones de hectáreas que pueden quedarse como áreas protegidas, lo que hacen falta son políticas de mitigación al impacto ambiental”, mencionó.