La Jornada Maya
Foto: Congreso del estado
Chetumal, Quintana Roo
Lunes 14 de enero, 2019
Para conocer el avance de las demandas y procedimientos resarcitorios iniciados contra 84 funcionarios de la pasada administración por mandato de la XV Legislatura, el Congreso del Estado convocará a una reunión de trabajo al titular de la Auditoría Superior del Estado para que informe al Poder Legislativo el estado que guardan dichos procedimientos dio a conocer el diputado Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta.
Entrevistado al término de la sesión número 6 de la Diputación Permanente, Ramos Hernández aseguró que los integrantes de la XV Legislatura no terminarán su encargo sin antes poder informar a la sociedad cuáles fueron los resultados de las demandas y procedimientos iniciados contra servidores públicos de las administraciones anteriores.
El diputado Emiliano Ramos recordó que, en 2016, la XV Legislatura tomó una decisión histórica al mandar la revisión de las cuentas públicas de 2015, así como reabrir las cuentas públicas de 2016 de las entidades de gobierno y ayuntamientos, que habían sido aprobadas de manera exprés por la anterior legislatura.
“De ese mandato del Congreso, la Auditoría Superior del Estado en abril de 2017 presentó denuncias contra 84 exfuncionarios públicos, de las cuales en los próximos días tendremos a la fiscal anticorrupción para informarnos sobre el trabajo de su fiscalía y tiene que haber, por supuesto, un avance de las 27 denuncias contra 84 funcionarios por un monto de 13 mil millones de pesos que se logró acreditar”, explicó.
Además de la comparecencia del Auditor Superior, para este mes de enero está contemplada una reunión de la fiscal Anticorrupción ante la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos que preside la diputada Yamina Rosado Ibarra, como parte de las reformas constitucionales aprobadas en materia de transparencia y rendición de cuentas.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta aseguró que estos procedimientos son tardados, pues existen tiempos y plazos que deben cumplirse, así como respetar el debido proceso y el derecho de audiencia que tienen los ex servidores públicos involucrados.
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