La Jornada Maya
Playa del Carmen, Quintana Roo
Jueves 23 de noviembre, 2017
La alcaldesa de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, anunció que próximamente se interpondrá una denuncia más contra funcionarios de la Administración anterior, con la cual sumarían cinco procedimientos ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría General de la República (PGR).
“El objetivo no es llenar las cárceles de ex funcionarios, queremos que se resarza el daño”, señaló la presidente municipal. “Hemos ampliado una y estamos esperando un peritaje financiero para interponer una más. Pensamos que a mediados del próximo mes estaríamos presentando esta denuncia”.
Al respecto, detalló que el nuevo procedimiento sería por 80 millones de pesos netos, más los recursos colaterales que resulten. En este caso, se trata de recursos propios: derechos, impuestos y licencias que pagan los ciudadanos y que debieron ser usados en su beneficio.
“Necesitamos el recurso suficiente para tener luminarias, dotar a las clínicas municipales de las herramientas, bachear calles y brindar servicios a la gente”, subrayó Cristina Torres.
Asimismo, recordó que, como resultado de estos procedimientos, las autoridades lograron detener a uno de los presuntos implicados, por lo que exhortó a los ciudadanos a reportar la ubicación de ex funcionarios de primer nivel que cuentan con orden de aprehensión para poder realizar las detenciones pertinentes.
“Hay algunos funcionarios que han reparado ciertos daños, la Contraloría realizó los procedimientos pero son funcionarios menores. Seguimos también en el proceso con la XV Legislatura de poder abrir las cuentas públicas de ejercicios anteriores al 2016 porque la única cuenta a la que tuvimos acceso fue esa”, indicó.
En total, las cuatro denuncias interpuestas hasta el momento contra ex funcionarios, suman más de 700 millones de pesos (sumando las ampliaciones a las denuncias), y están relacionadas, principalmente, con el uso indebido de recursos.
En el mes de julio se interpuso una denuncia contra funcionarios de primer nivel de la Administración anterior ante la Procuraduría General de la República (PGR), por el presunto ejercicio indebido de recursos federales por cerca de 150 millones de pesos, de los cuales 47 millones fueron sustraídos de las cuentas sin tener comprobantes de cómo o en qué se ejercieron.
Asimismo, el 1 de abril del 2017 se presentó una denuncia más ante el Ministerio Público por presunto uso indebido de recursos que asciende a los 200 millones de pesos. A esta denuncia se suma las dos presentadas ante la misma instancia iniciadas el 15 de diciembre del 2016 en contra de quienes fungieron como Presidente Municipal, Tesorero, Oficial Mayor y Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, por la probable comisión de los delitos de Desempeño Irregular de la Función Pública, por más de cinco millones 500 mil pesos.
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