La Jornada Maya
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Chetumal, Quintana Roo
Miércoles 1 de noviembre, 2017
El Congreso del estado acordó enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una iniciativa para sancionar con penas de uno a nueve años de prisión a quien de manera dolosa capture, acopie, transporte, destruya o comercie caracol rosado o blanco sin la autorización correspondiente, dentro o fuera de los períodos de veda.
En sesión ordinaria número 21, presidida por el diputado Emiliano Ramos Hernández, los integrantes de la XV Legislatura avalaron el acuerdo presentado por la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, mediante el Poder Legislativo de Quintana Roo que ejerce su facultad de presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión, enviando una alternativa jurídica para la tipificación penal de la extracción ilícita del caracol rosado.
En tribuna, el diputado independiente Juan Ortiz Vallejo, presidente de la citada Comisión, consideró este acuerdo como un gran paso para atacar la pesca ilegal del caracol rosado, que tanto ha afectado a la actividad pesquera.
[b]Nueva veda por dos períodos[/b]
Ante el descenso de la población que sufre el molusco en litorales quintanarroenses, la autoridad federal previó que, a partir del año 2018, se ponga en funcionamiento una nueva veda por dos períodos: durante todo el mes de febrero y del 1 de mayo al 1 de noviembre de cada año.
El documento argumenta que, si bien la aplicación de las vedas se ha convertido en un mecanismo que permite la recuperación del recurso pesquero, estas medidas deben fortalecerse con un marco jurídico más efectivo que apoye a la autoridad federal en el combate a la comisión de conductas ilícitas relacionadas con la pesca furtiva del caracol rosado o blanco.
Además, el Pleno del Congreso aprobó una reforma a la Ley de Hacienda del Estado, con la que se elimina el pago por el derecho de expedición de la constancia de permiso para trabajar a menores adolescentes en edad permitida para hacerlo.
[b]Reformas en beneficio de economía[/b]
La reforma, promovida por el titular del Poder Ejecutivo en junio pasado, forma parte de las acciones que la actual administración ha emprendido a favor de la economía de las familias quintanarroenses, a través de apoyos y programas, a fin de que éstas puedan enfrentar las alzas en los precios de los bienes y servicios, derivadas del incremento en los costos que a nivel nacional se han presentado.
Finalmente, el Pleno de la XV Legislatura aprobó enviar a comisiones para su estudio y análisis, el punto de acuerdo promovido por los diputados integrantes del grupo parlamentario del PVEM, para exhortar a la PGR y a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), a que los derechos humanos de los ciudadanos que tienen contratado el servicio de renta de cajas de seguridad, en la empresa First National Security, sean totalmente respetados.
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