Texto y foto: Joana Maldonado
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Martes 31 de octubre, 2017

Un problema de prejuicios ha abonado a mantener inutilizada la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Quintana Roo, afirmó el periodista Javier Chávez Ataxca, presidente de la asociación [i]Periodistas del Caribe[/i].

Mediante un escrito, Chávez Ataxca exigió a diputados del Congreso del estado poner en marcha dicha ley, o realizar las modificaciones necesarias para aplicarla.

Poco después del mediodía de este martes, Chávez Ataxca y el periodista Rubén Vizcaíno Aguilar, entregaron a la Oficialía de Partes del Poder Legislativo un escrito en el que expresan su preocupación por la creciente violencia contra el gremio periodístico, principalmente luego del ataque y amenazas ocurridos en contra de un corresponsal de Canal 10 en Cancún el pasado 24 de octubre, las que consideró “señales que no deben ser desatendidas”.

“De manera concreta exigimos a la XV Legislatura estatal que avance en su análisis y aprobación, y que de manera clara y directa, informe los plazos para que esto ocurra”, precisa el documento.

La Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos en Quintana Roo, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del estado el 14 de agosto de 2015, durante el gobierno de Roberto Borge Angulo. Chávez Ataxca señaló que la legislación “dormita” e injustamente ha sido desactivada, “abandonada a merced del cálculo politiquero cortoplacista y convenenciero, impidiendo absurdamente el blindaje de una ley satanizada al ser marcada con el hierro candente como Ley Borge”.

Es importante “eliminar desconfianzas” y avanzar en una ley de beneficio colectivo, dijo en referencia a la postura de un grupo amplio de la zona norte del estado que ha pedido, desde mayo pasado, derogar dicha legislación al considerar que ésta violenta la libertad de expresión y el derecho a la información, así como restringir la labor periodística.

Dicha ley fue retomada a principios de octubre por la Comisión de Derechos Humanos de la XV Legislatura que preside la diputada Eugenia Solís, quien presentó una iniciativa para reformarla y adicionar, pese a que el gobernador, Carlos Joaquín González había presentado un escrito para su abrogación.


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